Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.- El Congreso del Estado aprobó reformas de ley para hacer obligatoria la existencia de un psicólogo en todas las escuelas de educación básica y en los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi’s) de Tamaulipas.
Por unanimidad de votos, el Pleno Legislativo avaló para ello dos iniciativas presentadas por las bancadas del Partido Revolucionario Institucional, (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN).
De esa manera, a la Ley de Educación se le añadió el artículo 20 Bis, en el que se establece que: “las instituciones educativas de nivel básico pertenecientes al Sistema Educativo Estatal, así como aquellas en donde se imparte la educación inicial, deberán contar con un especialista en psicología dentro de su personal, para brindarle apoyo a las niñas, niños y adolescentes que así lo requieran y que formen parte de estas, a fin de que los menores alcancen su pleno desarrollo integral”.
Igual disposición se establece en el numeral 35 de la Ley de Centros de Atención Infantil del Estado.
La presencia de un psicólogo en cada escuela, permitirá la detección de casos de violencia y abuso sexual en los alumnos.
Para ello, habrán de realizarse evaluaciones psicológicas periódicas a los alumnos.
Además, los psicólogos serán una figura coadyuvante y formadora de las niñas, niños y adolescentes.
Para sustentar la acción legislativa, los diputados señalaron que cada vez es más frecuente que menos sean víctimas silenciosas de casos de violencia física, emocional, psicológica o incluso sexual, ya sea en el ámbito intrafamiliar, escolar o en la comunidad en general.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de Tamaulipas, establecen que en el año 2016, se registraron 877 delitos del orden sexual, incrementando a 934 delitos en el presente año, de los cuales una gran parte son cometidos en infantes.
Pero existe algo más grave: el número de casos que no se reporta es aún mayor, toda vez que las víctimas regularmente por temor de decir lo que les pasa, no exponen al conocimiento público su situación, o simplemente desisten ante la deficiente atención de las autoridades de justicia.
“Conscientes de lo que está pasando, entre las amenazas de quien los abusa y el miedo de que se sepa la verdad, se sienten atrapados; de este modo, y sin lugar a dudas, esta es una problemática social que demanda la atención, toda vez que, si no se detecta a tiempo, las consecuencias psicológicas serán permanentes en el menor y su desarrollo en la sociedad se verá afectado”.
