El Congreso del Estado aprobó en Comisiones el “Big Brother” en materia de seguridad pública, que será operado por la iniciativa privada en 16 municipios a través de 5,147 cámaras de video vigilancia.
La Comisión de Finanzas, Presupuesto y Deuda Pública, dictaminó a favor la iniciativa de decreto que al respecto envío el gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
Los municipios donde operará el “Big Brother”, son: Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Matamoros, San Fernando, Soto la Marina, Victoria, Aldama, Altamira, Madero, Tampico y Mante.
Para que la acción legislativa quede firme, solamente requiere el aval del Pleno Legislativo, lo cual se prevé ocurra en una sesión extraordinaria programada para el 21 de diciembre.
La participación de la iniciativa privada en tareas de seguridad pública se realizara a través de una Asociación Pública Privada (APP), que una dependencia del Gobierno firmará con una empresa particular por un plazo de seis años.
El proyecto consiste en la creación de una red de seguridad pública que tendrá un costo de tres mil 499 millones 249 mil 680 pesos, a razón de 58 millones 320 mil 828 pesos mensuales más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que serán pagados con participaciones federales correspondientes al Estado.
La red constará de cinco mil 024 cámaras de video vigilancia en 1,256 posiciones, cada una con tres cámaras fijas; 120 cámaras fijas; 120 cámaras lectoras de placas y 30 intercomunicadores montados en igual número de arcos carreteros.
Contará también con un C-5 que será construido en Reynosa y centros regionales en Victoria, Altamira y Tampico, y un circuito de video vigilancia en 30 edificios gubernamentales.
El proyecto incluye, además, una red de transporte de datos de 140 kilómetros de fibra óptica que impedirá el hackeo de la misma. Además dispondrá de una red de micro ondas para complementar el enlace y un sistema integrador de video.
La red de seguridad pública constará de cuatro ejes: uno, video vigilancia urbana que ejercerá monitoreo y vigilancia; dos, identificación vehicular y carretera; tres, enlace estatal; y cuatro, control, monitoreo y atención de emergencias.
El diputado panista, Ciro Hernández Arteaga, explicó que el propósito de la APP es mejorar el combate a la inseguridad pública ante la problemática de la incidencia delictiva que prevalece en la entidad.
Además, busca fortalecer las tareas de las corporaciones policiales.
La priista, Mónica González García, pidió establecer en la iniciativa la obligación del Ejecutivo de informar al Congreso del Estado el resultado del proceso de licitación, que se implementará para crear la APP, y el nombre de la empresa ganadora.
Por su parte, el también diputado del PRI, Alejandro Etienne Llano, consideró que el esquema de una APP como la que se propone, endeudará más al Estado, por lo que no es el mecanismo más adecuado para enfrentar la inseguridad pública.
