Alfredo Guevara
De acuerdo a estadísticas que manejan organismos como el de Transparencia Internacional, menos del diez por ciento de delitos considerados como actos de corrupción, cometidos en esferas de Gobierno, son denunciados por parte de la misma población.
Incluso, resultados de estudios llevados a cabo por organismos como el Instituto Nacional de Geografía en Informática (Inegi) revelan que los actos de corrupción no se denuncian por miedo a represalias, también son beneficiarios del acto, no confían en las autoridades o no saben a dónde dirigir las quejas, señaló Héctor Alejandro de Anda Cortez.
El Presidente del Comité de Participación Ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción supo reconocer la baja participación de la población, sobre todo porque desconoce la cadena virtuosa, como la serie de herramientas y cauces legales que disponen para evidenciar a quienes han abusado del poder o lo usan para beneficios, como el peculado.
“Por ejemplo, un acto de corrupción en el que se vean involucrados elementos de una corporación policiaca, el ciudadano común no lo denuncia, no obstante ser testigo ocular, y no lo hace porque piensa que al hacerlo puede ser sujeto de actos intimidatorios, de presión u otra naturaleza, aun cuando pueda existir disposición de la autoridad para imponer una sanción”, señaló.
Admitió que a las instancias que forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción, de una u otra forma les ha faltado tener un contacto más cercano con la población, a la que se le debe dar a conocer las herramientas que disponen para denunciar un acto ilícito, cometido por cualquier servidor público de los tres niveles de gobierno.
“La sociedad debe saber que existe un Comité de Participación Ciudadana que en todo momento dará acompañamiento a la denuncia y protegerá a quien la interponga, dando cauce ante las instancias que corresponda, sean faltas graves o no, o para que se aplique una sanción administrativa”, señaló.
Convino en que durante este año, quienes forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción tendrán que acercarse con la población y generar confianza, para que los porcentajes de denuncia social se incrementen y se actúe contra aquel servidor que haga mal uso de los recursos públicos.
