Mauricio Zapata
En Tamaulipas ocho de cada diez casos de extorsión no se sancionan, según un balance del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local.
Para ello, propusieron reformas al Código Civil del Estado, a fin de que este delito se persiga por oficio y con ello elevar las estadísticas de detenidos, pero sobre todo, tratar de que ya no se presenten estos casos en la entidad.
El diputado Rafael González Benavides presentó el documento que ya se estudia en las Comisiones Unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales para su posterior dictaminación y posible aprobación.
En la exposición de motivos, señaló que en la actualidad los artículos 426 y 438, que tipifican el delito de extorsión, son muy simples, lo cual limita y obstaculiza el actuar de las autoridades.
Por ejemplo, el numeral 426 establece que: “al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo un lucro para sí o para otro, causando un perjuicio patrimonial, se les aplicarán las penas previstas para el robo”.
“Como se puede observar, el artículo contiene una redacción simple. Ni siquiera tiene penas propias, porque las aplicables son las del robo”, indicó González Benavides.
Por esa razón, dijo, es necesaria la reforma para darle mayor claridad a la definición del tipo penal, hacerlo perseguible de oficio, e incluir como elemento del mismo la afectación a la integridad psicológica de la víctima y no solo la económica o patrimonial.
“Uno de los problemas a que la autoridad se enfrenta es que las víctimas tienen un temor muy natural de denunciar o ratificar las querellas, lo que es comprensible, porque no hay garantías para protegerla una vez que se ha iniciado la investigación”, detalló.
