“Urge proteger a los usuarios y clientes que realizan operaciones y movimientos de recursos económicos a través de cuentas, tarjetas de servicios, de crédito y prepago, debido a que en los meses recientes se ha registrado un aumento de casos de extorsión y fraude”, denunció la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariana Rodríguez Mier y Terán.
La legisladora solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) refuercen las medidas de seguridad e informen de sus acciones de verificación, para atacar los delitos de extorsión, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Se trata, dijo la legisladora, de cumplir con el mandato de la ley y velar por la seguridad de los clientes y usuarios, de los comisionistas o corresponsales bancarios, “que las autoridades competentes cumplan con sus obligaciones de supervisión para evitar la comisión de delitos en perjuicio de los habitantes de nuestro país”, agregó la legisladora priista.
Explicó que se ha identificado, en el último año, el incremento de denuncias por hechos de extorsión o secuestro virtual o exprés, en donde se utilizan cuentas aperturadas con tarjetas emitidas por tiendas de conveniencia, como Oxxo, 7 Eleven y Soriana, sin cumplir con los procedimientos o protocolos necesarios para identificar plenamente a los titulares, y los clientes de operaciones financieras, lo cual ha facilitado en muchos casos la comisión de delitos y ha impedido la investigación y persecución del delito.
Estos comercios, en corresponsabilidad con instituciones bancarias, han ampliado sus actividades para recibir pagos por servicios, envíos de dinero, aperturas de cuenta y emisión de tarjetas de débito sin cumplir con los requisitos mínimos y protocolos de seguridad que permitan identificar a los titulares de dichas cuentas, de quienes les depositan, y cobran transferencias, abriendo un espacio de impunidad para la delincuencia, que aprovecha cualquier punto vulnerable para la comisión de conductas ilícitas.
La petición a las autoridades financieras es que sean más estrictos para pedir a las empresas operadoras, como comisionistas o corresponsales bancarios, el estricto cumplimiento de las medidas dispuestas para brindar seguridad a clientes y usuarios.
Rodríguez Mier y Terán recordó que las autoridades hacendarias y financieras están obligadas a actualizar sus medidas de seguridad, debido a que de manera recurrente la delincuencia cambia sus modos de operación para sorprender a la población y evitar la actuación de las autoridades competentes, incluso hacen mal uso de las nuevas tecnologías y de los mecanismos que facilitan las operaciones comerciales y bancarias a través de plataformas electrónicas y de dispositivos móviles.
Por ello, y con la finalidad de fortalecer la seguridad de las personas y sus recursos, exhortó a las autoridades competentes a cumplir con sus obligaciones de supervisión para evitar la comisión de delitos en perjuicio de los habitantes de nuestro país.
