Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
El sistema penitenciario presenta un grave rezago dentro del modelo de justicia penal acusatorio y oral en todos los estados, lo que propicia una preocupante violación a derechos humanos de los sentenciados, denunció la organización “México Evalúa”.
Al presentar el análisis y resultados de la primera encuesta con enfoque de usuario para evaluar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, vigente desde hace dos años, la organización concluyó que existen graves deficiencias que repercuten en el justiciable.
Una de las áreas más rezagadas, precisó, es la penitenciaria, porque prevalece un desconocimiento por parte de los sentenciados respecto a la función del Juez de Ejecución Penal y de los mecanismos disponibles para proteger sus derechos durante la reclusión.
“Más de la mitad de los imputados encuestados, el 65 por ciento, declaró no conocer la función del Juez de Ejecución de Sanciones Penales y no saben de los mecanismos disponibles para proteger sus derechos durante la reclusión”, refirió.
Además, apenas un 44 por ciento de las personas sentenciadas fueron presentadas ante un Juez de Ejecución al ser privados de la libertad. El otro 45 por ciento nunca ha sido atendido por ese Juez.
“Solo 55 por ciento indicaron haber sido informados sobre su derecho de acudir ante un juez de ejecuciones”, precisó.
Respecto de las condiciones del centro penitenciario, existe consenso sobre lo indigno la infraestructura de la mayor parte de los reclusorios.
Como consecuencia de las fallas en el sistema penitenciario, los reos no conocen ni pueden hacer uso de los beneficios que les garantiza el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Otras fallas importantes detectadas en la investigación son las siguientes: Solo 41 por ciento de las víctimas encuestadas declaró que se le ofreció asesorarse por un familiar o un abogado al denunciar y cuatro de cada diez víctimas declararon sentirse en riesgo o amenazadas durante el proceso, así como haber solicitado medidas de protección.
“Es tiempo de jubilar la noción de que el éxito de la reforma penal se mide por su impacto en la seguridad; en cambio, requerimos evaluar rigurosamente cómo las instituciones están respondiendo al desafío de asegurar efectividad, eficiencia y transparencia en la justicia, garantizando por igual los derechos humanos de víctimas e imputados”, señaló Edna Jaime, directora general de México Evalúa.
