El embarazo de una niña de 12 años que había sido violada por un vecino de 60 se ha convertido en el centro de una disputa nacional en Argentina.
El 12 de enero, la niña y su madre pidieron un aborto, amparadas en que la violación es uno de los supuestos legales para interrumpir el embarazo en Argentina, pero los médicos y las autoridades provinciales se negaron debido a su avanzado estado de gestación.
Colectivos feministas exigieron que se respetase la ley y la voluntad de la menor. Finalmente, el 18 de enero a la niña le practicaron una cesárea para salvar a la bebé, que iba a ser dada en adopción.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que «una familia importante» estaba dispuesta a criarla como su hija. Anoche, el hospital anunció que la recién nacida había muerto.
La noticia de la muerte ha vuelto a reabrir hoy la pelea. «La política de ‘salvemos las dos vidas’ termina con una niña de 12 años torturada al ser obligada a parir y una bebé muerta. Necesitamos que se cumpla la Interrupción Legal del Embarazo, necesitamos aborto legal y que se respeten nuestras vidas», escribió en Twitter la Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas Victoria Freire.
La Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, la agrupación que impulsó este debate en el Congreso en 2018, exige la dimisión del ministro de Salud de Jujuy, Gustavo Bouhid, «por violar la intimidad de la niña, no respetar su decisión a una interrupción legal del embarazo, y por prolongar el sufrimiento de ella y la recién nacida».
Los antiabortistas critican al gobernador Morales por no haber obligado a la menor a permanecer un mes más embarazada y así garantizar la viabilidad del feto. «Las feministas presionaron para que asesinaran intrauterinamente a #Esperanza o bien que la cesárea se hiciera prematuramente, y acá están las consecuencias: la clase política cedió, y la beba terminó muriendo. #MoralesAsesino», ha tuiteado el politólogo y escritor Agustín Laje.
El protocolo para la atención del embarazo en adolescentes del Gobierno de Jujuy, redactado junto a la ONG Unicef, señala que «cualquier embarazo en una niña menor de 13 es producto de abuso sexual y puede acceder a una interrupción legal del embarazo».
Esta provincia, situada en el noroeste de Argentina, es una de las más conservadoras de Argentina, junto a otras vecinas, como Salta y Catamarca. La Iglesia católica conserva un peso importante allí y también se pronunció en contra del aborto que había pedido la menor y su familia.
Las diferentes posturas alrededor de este caso reflejan la polarización de la sociedad argentina, que ya se hizo evidente el año pasado, durante el debate parlamentario sobre el aborto libre. La ley fue rechazada por el Senado el pasado agosto después de cinco meses de discusiones.
Con Información de: El País
