Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Poco más de dos mil trabajadores regularizados y formalizados, además de cuatro mil eventuales de la Secretaría de Salud dejarán en manos de legisladores en el Congreso de la Unión gestionar ante el Gobierno de la República su basificación, adelantó Gustavo Camacho Ortega.
Lo que se pretende con ello es que los trabajadores de esa dependencia en Tamaulipas tengan las prestaciones de los empleados de origen Federal, ya que por la condición en que se encuentran no recibieron en el 2018 el bono sexenal, toda vez que Salud y la Secretaría de Hacienda no los reconoce como empleados federales.
En rueda de prensa con medios de comunicación, declaró que de cierta forma dejarán de lado el bono sexenal y pondrán especial énfasis en conseguir la basificación a través de la solicitud formal que se planteará ante la Cámara de Diputados y Senadores de la república, en un formato que será firmado por los trabajadores regularizados y formalizados.
“Estamos preocupados por la situación que prevalece con trabajadores regularizados y formalizados, el pasado fin de año los trabajadores estaban contemplados con el pago del bono sexenal, y no salió, porque la Secretaría de Salud y de Hacienda no los reconoce como trabajadores de base”, explicó.
Derivado de lo anterior, se insistirá en obtener el bono, y de manera paralela se buscará el reconocimiento de la autoridad federal como empleados de base.
“Nos dimos a la tarea de elaborar un formato para llevar a cabo una solicitud formal en el Congreso de la Unión, para que ellos gestionen ante el Gobierno federal y se vean beneficiados con todas las prestaciones que tienen los empleados de origen federal, sostuvo.
Señaló que por las condiciones laborales en que se encuentran los empleados regularizados y formalizados de la Secretaría de Salud, se ven afectados por no poder participar en un escalafón, de profesionalización a nivel nacional, no obstante a ser un número importante de afectados.
Hasta ahora, destacó que han recibido el respaldo del Gobierno del Estado, aunque la obligación de velar por la seguridad jurídica y económica de los empleados corresponde a la Federación.
