Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
El presidente del Poder Judicial de Tamaulipas, Horacio Ortiz Renán, consideró que debe permitirse a cada estado del país tener su propio catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa.
El magistrado dijo lo anterior, al opinar sobre una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, que en breve será votada en el Pleno de la Cámara de Diputados, la cual plantea incorporar nuevos delitos con prisión preventiva de oficio.
La acción legislativa, que ya fue avalada por el Senado de la República y que es impulsada por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), busca que también merezcan prisión preventiva de oficio los delitos de abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
A ellos se añadirían el robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Ortiz Renán señaló que el catálogo actual de prisión preventiva oficiosa es corto.
Sin embargo, consideró que debe regionalizarse el número y tipo de delitos para los que aplique de manera obligada la medida cautelar de prisión preventiva.
Eso es necesario, precisó, porque “hay estados donde un delito incide más que en otras regiones del país, por lo que sería sano que esa conducta merezca prisión preventiva”.
“Por eso creo que debería abrirse la posibilidad de que cada estado tenga su propio catálogo”, añadió.
Cabe señalar que la reforma al artículo 19 Constitucional todavía no está firme, porque el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) impulsan otra iniciativa, dirigida a establecer la obligación del Ministerio Público de solicitar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a las personas que son vinculadas a proceso y evita que la judicialización se lleve a cabo de manera directa por mandato de un juez.
Esta iniciativa busca evitar la imposición automática de la prisión preventiva, estableciendo medidas legales para que, en el proceso penal, tratándose de los delitos previstos en la disposición constitucional, se deba solicitar obligatoriamente de manera fundada y motivada la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva por parte del Ministerio Público; solicitud a la cual el órgano jurisdiccional deberá dar respuesta mediante un análisis individualizado.
“Al tiempo, se atendería por un lado la preocupación del Ejecutivo federal por contar con herramientas que le permitan atender la emergencia ante la grave crisis de seguridad y de procuración de justicia y el llamado de diversos organismos internacionales y nacionales, respecto a la necesidad de implementar procesos de persecución e investigación de delitos, más garantistas y respetuosos de los derechos humanos”, explica la propuesta.
