diciembre 13, 2024
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marzo 13, 2019 | 171 vistas

Es una recomendación que reciben los reos desde siempre: Cuando vas a una cárcel, di que eres adicto a algo y trata de que te acepten en un tratamiento. Eso podría quitarle un año a tu condena.

Los fiscales sospechan desde hace rato que los presos abusan de estos programas. Y hace poco un jurado investigador mandó a juicio a tres personas acusadas de enseñarle a unos presos lo que tenían que hacer para ser admitidos en un programa para personas adictas a las drogas o el alcohol. Les decían que tenían que presentarse a la cárcel borrachos o drogados y fingir síntomas de abstinencia.

El caso enfoca la atención en los asesores de reos: Ex presos y ex empleados de las prisiones que cobran miles de dólares por compartir sus conocimientos del mundo de las cárceles para preparar a los reclusos para la vida detrás de las rejas. Algunos de estos asesores confirman que desde hace décadas que hay irregularidades e incluso de alienta a los clientes a que engañen al personal carcelaria para ser admitidos en los programas de rehabilitación.

“Es como el lejano oeste”, sostiene Jack Donson, presidente de la firma neoyorquina My Federal Prison Consultant y quien trabajó para el sistema carcelario.

“Espero que esto salga a la luz”, declaró, aludiendo al caso de Connecticut. “Espero que haga pensar a la gente para que no incurra en comportamientos ilegales y carentes de ética”.

Completar un programa de nueve meses y 500 horas es una de las formas que tienen los presos que no han cometido delitos violentos de conseguir que les reduzcan sus condenas. Unos 15.600 reos –un 10% de la población carcelaria federal– participó en el programa el año pasado y hay miles en listas de espera. De ser admitidos, al completar el programa puede que les reduzcan las sentencias y pasar los últimos seis meses de sus penas en libertad vigilada.

El ex fiscal federal Christopher Mattei dijo que las autoridades notan que los reos que cometieron delitos de guante blanco usan cada vez más este programa.

“Socava la confianza del público elnque todo aquel que va a ser sentenciado recibirá un trato justo. La gente sabe cómo embaucar al sistema para beneficiarse, mientras que los que realmente son adictos no saben hacerlo”, declaró Mattei, es jefe de la unidad de fraude financiero y corrupción pública de la procuraduría de Connecticut.

El ex alcalde de Bridgeport Joseph Ganim estuvo preso casi siete años por corrupción. En la cárcel participó en un programa de tratamiento para adictos, fue excarcelado en el 2010 y volvió a ser elegido alcalde en el 2015.

El que Ganim tuviese problemas de adicción sorprendió al juez que lo sentenció ya que no había indicio alguno de que lo tuviese. Luego de ser excarcelado, Ganim trabajó como asesor de reos y publicitó su conocimiento del programa de drogas. No devolvió mensajes de la AP buscando comentarios.

Otros casos de gente prominente que se acoge a esos programas generan interrogantes.

El ex alcalde de Atlanta Bill Campbell, condenado a 30 meses por evasión de impuestos, completó el programa y se le quitaron cuatro meses a su condena. Pero fueron restaurados cuando los fiscales expresaron dudas acerca de si realmente tenía un problema de alcoholismo.

El ex administrador de Enron Ben Glisan Jr. fue condenado a cinco años tras declararse culpable en el escándalo de la firma en el 2003, pero le rebanó 18 meses a su condena por buen comportamiento y por someterse al programa de rehabilitación.

Al declarar en el juicio por fraude en el 2006, Glisan pareció bromear acerca del programa. Dijo que su “problema” con la bebida antes de ir a la cárcel consistía en dos vasos de vino en la cena y tal vez una botella cuando salía con colegas.

“Dijiste una o dos copas. Si tú tienes un problema con la bebida, entonces yo sí que estoy en líos”, bromeó el abogado de Enron, Daniel Petrocelli.

“Te rebanan un año de la condena”, agregó Glisan entre risas.

Funcionarios del sistema carcelario dijeron que no pueden comentar casos específicos.

Se cree que el caso de Connecticut es el primero en el que se imputa a asesores de reos en conexión con el programa de tratamiento.

Los fiscales dijeron que los tres –Tony Pham, de 49 años; Samuel Copenhaver y Constance Moerland,– eran socios de la firma RDAP Law Consultants y que en los últimos seis años les dijeron a sus clientes que afirmasen tener problemas de drogas o alcohol y les enseñaron cómo fingir síntomas de abstinencia y a obtener medicinas para tratar esos síntomas antes de dirigirse a las cárceles. Con esos documentos podían demostrar que realmente tienen problemas. Según los fiscales, los asesores les dijeron a sus clientes que empezasen a beber todos los días y se presentasen borrachos.

No fue posible hablar con Pham, Copenhaver ni Moerland para este despacho, ni tampoco con sus abogados.

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