México, 14 Mar (Notimex).- Cuando se desempeñó como coordinadora de los Foros de Pacificación en el periodo de transición de gobierno, Loretta Ortiz Ahlf conoció directamente de los migrantes, que organizaciones criminales y agentes de migración utilizan listas para bajar de autobuses en tránsito a personas en esa condición.
Por ello, para las organizaciones defensoras de migrantes, la desaparición de al menos 19 personas que fueron bajadas de un autobús por sujetos armados en Tamaulipas, forma parte de un patrón utilizado por grupos criminales y una red de corrupción que el Gobierno Federal conoce, y que tiene que ver con casos de secuestro.
«Los migrantes le dijeron al equipo de Loretta Ortiz que las propias empresas de transportación, cuando ellos compraban los boletos, tienen que dar sus nombres», y cuando eran interceptadas en tramos carreteros, tanto agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) o presuntos grupos delictivos «sabían exactamente en qué asientos las personas se encontraban».
«Esto lo conoce perfectamente el gobierno federal, porque estuvimos presentes cuando se lo dijeron los migrantes de manera directa al equipo de Loretta Ortiz», aseguraron en entrevistas integrantes de la Casa del Migrante de Saltillo, quienes por seguridad pidieron que se omitieran sus nombres.
Apuntaron que en el caso de la desaparición de entre 19 y 22 personas de un autobús de pasajeros con número económico 9596 de la empresa Transpaís, ocurrido en la carretera San Fernando-Reynosa, a la altura del ejido Palos Blancos el 7 de marzo, no pueden confirmar que haya ocurrido de la misma forma, sin embargo, los testimonios de los migrantes coinciden con ese procedimiento.
«Lo que expresaron los migrantes es: las únicas personas que sabían quiénes éramos, cuál era nuestro nombre y en qué asiento íbamos, es la persona a la cual le compramos el boleto, y cuando los camiones son interceptados se han subido tanto agentes estatales como no estatales, y se dirigen exactamente a los lugares en donde nos encontramos sentados», subrayaron.
Los activistas alertaron que este método es recurrente tanto para grupos delictivos como para el INM, «no molestan a ciudadanos mexicanos, sino que interceptan, detienen de forma irregular, o secuestran o desaparecen, como en el caso que estamos mencionando», indicaron.
Sobre este asunto, dijeron que «el equipo de Loretta Ortiz inclusive comentó que le llamaba mucho la atención este aparente vínculo entre las empresas y los grupos delictivos o con el Instituto Nacional de Migración. Iban por ambos lados, tanto para delinquir como para la coordinación para la detención de personas con situación irregular».
Aseveraron que de acuerdo con los patrones de actuación, en años anteriores, las organizaciones criminales realizaban secuestros masivos o masacres como la del municipio de San Fernando, pero que ahora, para evitar que el crimen sea visible, «se hace de forma hormiga, secuestrando a personas en pequeños grupos».
«Es muy real que los migrantes, para poder cruzar la frontera, tienen que contratar el servicio de tratantes de personas, eso es un hecho y no lo podemos negar», afirmaron, pero que debido al trabajo cercano con esta población, «no es la forma en la cual se contrata a estos grupos delictivos».
El procedimiento, explicó, es que las personas llegan hasta un punto fronterizo y en ese punto fronterizo los esperan las personas que los van a intentar cruzar de forma irregular hacia Estados Unidos. «De ninguna forma se trabaja en que intercepten un vehículo privado, un transporte público».
Contrario a lo que señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, los integrantes de la organización indicaron que los grupos delictivos no van a colocar un delito sobre otro, más bien esperan a que las personas lleguen a algún lugar, y ya en el lugar se quedan de ver en cierto espacio y se hacen los contratos que son ilegales también.
«En ningún momento tenemos conocimiento, en nuestros 15 años de trabajo, en que se haga una contratación de esta naturaleza y que intercepten un camión y que los bajen», por lo que pidieron que se reconozca esta situación como un secuestro, pues en Tamaulipas la privación ilegal de la libertad para exigir rescate o el reclutamiento forzado, «es una práctica recurrente».
También subrayaron que las víctimas no interponen denuncias por temor, además que en muchas ocasiones sus familiares no tienen conocimiento de la desaparición, y por otra parte, quienes acuden a refugios de migrantes se niegan a dar sus nombres, por lo que «si el Estado pretende que las víctimas tengan confianza en las instituciones para la procuración de justicia, realmente esto nunca va a suceder».
«Esto requiere de otro tipo de intervención que tenga que ver con una medida mucho más preventiva y también con un tema más de inteligencia, porque pensar en que las víctimas van a interponer denuncias, es no conocer la realidad y no conocer a las víctimas», puntualizaron.
En entrevista por separado, la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo Pérez, lamentó que estos hechos se sigan registrando, aun cuando hay reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de este tipo de desapariciones desde 2009, por lo que no se pueden mirar como hechos aislados.
«Cuando tú no investigas, cuando tú realmente no pones atención y cuidado en la población que ha sido tan vulnerada, lo que estás provocando es impunidad y en el fondo estás dando un permiso para que esto siga sucediendo», dijo sobre la presunta red de corrupción que existe entre autoridades y el crimen organizado.
Consideró que las grandes redes de tráfico y trata de personas que involucran a la población migrante no podrían operar como están operando en el país sin corrupción, sin permisividad o sin participación de agentes del Estado, definitivamente.
Dijo que las declaraciones hechas por algunos miembros de los gobiernos federal y local «dañan a la propia población migrante, en primer lugar, dudando que esto sea una desaparición».
Tamaulipas, añadió, prevalece como un territorio tomado por el crimen organizado, y está dentro de «un contexto en donde ya vienes documentando una cantidad de casos que han venido sucediendo en el tiempo, y me parece que es delicado poner en duda que hay un acto delictivo detrás de esto».
Al respecto, indicó que se debe tener cuidado de no minimizar los hechos, y decir que no hay actos de violencia que envuelven este tipo de actos, «eso también es una manera de criminalizar a la población».
La dirigente de la organización que denunció el caso del hallazgo de fosas clandestinas en San Fernando, en esa entidad, enfatizó que el problema es que existen redes del crimen organizado que están muy inmiscuidas en el gobierno y no existe ningún tipo de investigación para saber «hasta qué parte o no está involucrado el Estado».
Delgadillo Pérez precisó que la corrupción se ataca investigando a agentes del Estado que pueden estar involucrados en estos hechos, porque han permitido, porque han tolerado que esto suceda.
«La corrupción toca la mayoría de las veces de manera fundamental casos que implican violaciones graves a los derechos humanos. No podemos separarlo, y si existen graves violaciones a las garantías fundamentales es porque hay corrupción», señaló.
Confió en que la Fiscalía General de la República cuenta con una nueva ley que le permite plantear otro tipo de investigaciones, con una lógica diferente, sin quedarse en el caso aislado, «sino mirando patrones, mirando la información que ya tiene».
Las deficiencias en la investigación de estos casos parece que habla de un desconocimiento de lo que está pasando con la población migrante desde hace muchos años.
«También me parece que es muy delicado que desde una postura de Estado, salir a minimizar los hechos, como si no fueran hechos de violencia, y que además se manejen hipótesis que no están debidamente corroboradas con investigaciones sólidas», aseveró.
Dijo que la comisionada Nacional de Búsqueda de Personas, Karla Quintana, le comunicó que ya se encuentra en Tamaulipas encabezando el operativo de búsqueda. «Nosotros vemos esto como una buena señal, que se están moviendo en la búsqueda».
Además reveló que la organización ha tenido reuniones con al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas y autoridades del INM, y apuntó que el gobierno federal tiene una oportunidad de demostrar que puede actuar de manera diferente.
«Tienen las estructuras, tienen la voluntad política, lo pueden hacer y pueden demostrar que pueden cambiar las políticas que han estado tan ausentes durante varios sexenios. Con el gobierno de (Felipe) Calderón vimos un desprecio, vimos una descalificación de víctimas, también lo vimos con el gobierno de (Enrique) Peña Nieto».
En 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó que en un periodo de seis meses, de septiembre de 2008 a febrero de 2009, se registraron nueve mil 758 víctimas migrantes de secuestro.
Dos años después, en su Informe de 2011, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010, el organismo registró 11 mil 333 víctimas, y en ese entonces la CNDH señaló que «esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante», y se documentó que en estos casos estuvieron implicados agentes del Estado.
