RÍO DE JANEIRO (AP) — Los rescatistas trabajaban intensamente el sábado en una carrera contra el tiempo para encontrar con vida a 17 personas que continúan desaparecidas bajo los escombros, luego del derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro.
El desplome del viernes dejó hasta el momento siete muertos y ocho heridos. Los dos últimos decesos fueron de heridos que eran atendidos en unidades de salud y que no pudieron resistir, informaron las autoridades el sábado.
El desplome afectó a dos edificios de cuatro pisos, que según el alcalde de Rio de Janeiro Marcelo Crivella fueron construidos sin los permisos del gobierno en Itanhangá, una zona del oeste de la ciudad.
Más de 100 bomberos y miembros de defensa civil y la policía civil y ambiental trabajaban con perros rastreadores, drones y helicópteros. Los edificios colindantes fueron evacuados por riesgo de que se produzcan nuevos derrumbes.
El coronel Luciano Sarmento, coordinador de las operaciones por parte del cuerpo de Bomberos, dijo que la situación «es difícil, pero propicia para encontrar sobrevivientes».
«En los escombros pueden haberse formado células con pequeños habitáculos que permitan respirar. El tiempo es nuestro enemigo, pero existen casos de personas que sobrevivieron en desastres de este tipo hasta siete días después», aseguró Sarmento.
Vecinos de edificios del área observaban expectantes las tareas de búsqueda sin poder regresar a sus casas por el peligro de nuevos desplomes. Los bomberos apenas autorizan el ingreso para retirar alguna pertenencia y salir.
«Es triste porque es la vida humana. Somos parte del dolor de ellos (de los familiares de víctimas). Vemos mucho dolor acá y al mismo tiempo no tenemos hacia donde ir», dijo Maria Rodrigues, de 63 años, vecina de un predio lindante a los del colapso.
Según una nota oficial, las construcciones fueron erigidas en una zona de “alto y medio riesgo de deslizamiento”, en una zona considerada de protección ambiental.
En noviembre pasado, los predios habían sido clausurados de acuerdo con la alcaldía. Sin embargo, las viviendas fueron ocupadas y se violó la restricción.
El accidente expuso la mala calidad de la infraestructura en áreas precarias y la ausencia de un efectivo poder de fiscalización del gobierno en un área que está bajo el control de milicias.
La acción de grupos paramilitares es un problema creciente en el estado de Río, lo que obliga a muchos vecinos a vivir casi como rehenes de milicianos y pagar “impuestos” y otras tasas impuestas por la fuerza.
Cuando comenzaron a actuar hace varias décadas, muchos las consideraban una solución al flagelo de la inseguridad y el narcotráfico ante la falta de respuestas del Estado. Con el tiempo, sin embargo, se han vuelto una de las amenazas más grandes a la seguridad.
Según el ministerio de Seguridad, las milicias controlan cerca de un cuarto del territorio del estado.
