Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Por lo menos 26 reclusas, internas en Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) en varios municipios de la entidad, que tienen hijos menores de tres años viviendo en el interior de esos penales, podrían obtener su preliberación.
Para ello, el Instituto de la Defensoría Pública (IDP) analiza cada uno de estos casos, para determinar si las internas que cumplen sentencias menores pueden acceder a este beneficio preliberacional, para que convivan en el exterior con sus hijos, reveló Rosario Garza Hinojosa, titular de la dependencia.
Comentó que la ley contempla que los menores puedan convivir con sus mamás al interior de los penales, donde cumplen una condena hasta los tres años, dependiendo del delito cometido, o buscar que un familiar allegado se haga cargo de la custodia y los gastos para la manutención de los pequeños.
“Hay casos de mujeres recluidas que tienen hijos mayores de tres años de edad que se encuentran en las casas hogar del DIF, por lo que, atendiendo al derecho universal a una familia que tienen los menores de edad, podrían entrar en un proceso de adopción con el consentimiento de las madres, si es que cumplen condenas muy altas”, explicó.
Citó de dos casos concretos en el Cedes de Altamira, donde las mujeres tienen hijos con ellas, pero cumplen condenas elevadas, hasta de 40 años, y son originarias del estado de Michoacán así como de Guerrero, por lo que no accederían a la preliberación, como tampoco hay familiares cercanos que se hagan cargo de los menores.
En otros casos, en los que hay internas que están cumpliendo condenas por delitos graves, como el secuestro, se busca que un familiar de la reclusa se haga cargo de la custodia del menor, así como de los gastos de manutención.
Confirmó que varias internas tienen hijos mayores de tres años, pero que se encuentran en casas hogar del DIF, que atendiendo al derecho universal a una familia que tienen los niños, podrían entrar en un proceso de adopción con el consentimiento de las madres, si es que cumplen condenas muy altas, que en este caso lo lleva la Procuraduría para la Defensa del Menor.
