México (Notimex).- El presidente de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (CNPAMM), Juan Pablo Rojas Pérez, manifestó su preocupación sobre el incremento en el precio del kilogramo de tortilla en el país, donde ya alcanza un valor que va de 12 a 22 pesos.
Señaló que esta situación solo podrá contrarrestarse con la implementación de un órgano supervisor y regulador de la tortilla, como se ha trabajado con el Consejo Técnico Nacional de la Cadena de Valor Maíz.
Es necesario incluir ese alimento, la tortilla, a la canasta básica que considera el maíz, la harina de maíz, frijol, arroz, azúcar y leche en polvo, entre otros, expuso el dirigente agropecuario.
Pero desde enero de este año pasó de 23 a 40 productos de primera necesidad y disponibles a precios accesibles en las tiendas de Seguridad Alimentaria (Segalmex), fusión de Diconsa y Liconsa.
Rojas Pérez llamó al gobierno federal y a representantes de sectores agrícolas a desarrollar una estrategia para concretar la política integral, diferenciada e incluyente que necesita la agricultura nacional.
La citada iniciativa debe considerar el extensionismo rural, caminos rurales, infraestructura para acopio, almacenamiento y distribución de agua para riego, maquinaria agrícola, infraestructura para acopio, almacenamiento y comercialización de la producción.
Con eso se podrán estandarizar los precios para mejorar los accesos de alimentos a la población mexicana, sobre todo a los más pobres, apuntó el dirigente de la industria del maíz.
En 2020 se debe tener esta política pública “que impacte en un mayor volumen de producción, se disminuyan los niveles de intermediarismo y así lograr estandarizar los precios de la canasta básica y de la tortilla”, insistió en un reporte.
El Estado debe considerar que con el apoyo de las organizaciones de productores se puede generar y aplicar una estrategia con visión empresarial del pequeño y mediano productor.
Con ese engranaje de política pública agrícola y ahora con la participación de Segalmex, indicó, se debe eliminar el intermediarismo y garantizar que cualquier margen de utilidad sea en beneficio de los productores y los consumidores finales.
