México, 3 May (Notimex).- La diputada perredista, Mónica Almeida alertó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) enfrenta diversas adversidades para mantener su rentabilidad financiera como empresa, tales como el robo de energía, que de acuerdo con estimaciones sólo en seis meses ha representado más de 25 mil millones de pesos perdidos.
Además, hay pérdidas técnicas de transmisión y distribución de energía, que aunadas a la anterior generan hasta 100 mil millones de pesos menos para la empresa, subrayó la legisladora, quien impulsa el Mínimo Vital como eje de planeación para garantizar los derechos humanos y generar las condiciones necesarias para que cada miembro de la sociedad se desarrolle óptimamente.
Apuntó que dentro de estos derechos vitales se encuentra el de la energía, razón por la que se debe establecerse un consumo mínimo garantizado para los mexicanos y a partir de satisfacer a los ciudadanos de este derecho, rediseñar los esquemas tarifarios y de subsidios que permitan una mayor rentabilidad de la CFE.
Por otro lado, dijo, se debe contar con una visión de futuro a la vanguardia de la tendencia internacional en la materia, que permita a México ser más competitivo, al destacar la importancia de invertir en el desarrollo de energías renovables y sostenibles, a fin de cubrir la demanda energética actual en México y reducir los costos, permitiendo abaratar el acceso a este servicio.
Todo ello, subrayó, como una solución de impacto directo en el robo de energía, el cual ya no representaría una actividad onerosa en comparación con los riesgos existentes y las sanciones penales que se integren en la comisión de este delito.
“Expertos nacionales e internacionales nos han demostrado que México cuenta con las condiciones naturales más que necesarias para explotar las energías renovables, por lo cual además de invertir en su investigación y desarrollo, se deben contar con marcos legales que fomenten e impulsen este tipo de energías, para dar una solución económica y socialmente viable al costo de abastecimiento y suministro de energía eléctrica”, agregó.
Además propuso integrar esquemas tarifarios y de subsidios que sean rentables para las empresas productivas, pero que también atiendan a las condiciones particulares de los municipios, contemplando factores de sensación térmica y los indicadores socioeconómicos de sus habitantes.
Actualmente, ya se encuentra tipificado este delito, pero esto no ha sido suficiente para hacer frente a esta problemática que impacta directamente en la empresa, en el presupuesto federal, en el desarrollo económico del país y sobre todo en la población, ya que las autoridades requieren hacer diversas adecuaciones de subsidios y tarifas que eviten desequilibrios macroeconómicos en el país, enfatizó.
