Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La bancada parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de decreto, para reformar el artículo 74 de la Ley de Hacienda del Estado, debido a que un Tribunal Colegiado de Circuito lo declaró inconstitucional.
El diputado Juan Carlos Córdova explicó que dentro de la resolución de amparo 532/2016, los Magistrados federales determinaron que los derechos cobrados por el Instituto Registral y Catastral, por concepto de inscripción o registro de títulos, ya se trate de documentos públicos o privados, de resoluciones judiciales, administrativas o de cualquier otra clase, por virtud de las cuales se adquiera, transmita, grave, modifique o extinga el dominio o la posesión de bienes inmuebles, así como el de bienes muebles que deban registrarse conforme a las leyes, violan los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias al establecer su cobro en función del monto de la operación y no al costo del servicio que presta.
“De acuerdo a los razonamientos expresados por el Tribunal Colegiado de Circuito, adaptándola a nuestro normativa en relación con el artículo 74 de la Ley de Hacienda del Estado de Tamaulipas, este, al cobrar en proporción a la cantidad y no al servicio prestado, transgrede la garantía de proporcionalidad tributaria, prevista en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que introduce elementos que guardan relación con el valor del título a inscribir y no con el costo que la prestación del servicio tiene para el Estado”, detalló.
Los legisladores del PRI consideraron que esta práctica y criterios recaudatorios causan deterioro en la economía de micro, pequeños y medianos empresarios, que generan empleo y que cubren una interminable lista de impuestos y derechos diversos, y de particulares que deben realizar trámites ante las dependencias registrales y catastrales para certeza de su patrimonio.
“En razón de lo anterior, es necesario realizar las reformas pertinentes a nuestro marco normativo, a fin de que este cumpla con los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributaria otorgando a los usuarios certeza jurídica en cuanto al cobro de esta contribución, que en el caso particular se trata del concepto de «derechos», ya que en realidad lo que se está pagando es el servicio de registro, es decir, una actividad administrativa material, independientemente del valor de la operación que se consigne en la documentación”, refirieron.
La propuesta legislativa será analizada en Comisiones para su dictaminación.
