Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Ante la proliferación de oficinas de Onapafa, UCD y células en las que los líderes se disputan la membresía para pregonar una promesa de nacionalización a los propietarios de autos de procedencia norteamericana, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) pidió investigar a fondo qué fin persiguen.
El director de AMDA, Mario Guerra, consideró importante que la autoridad verifique si esas organizaciones cumplen con la ley, toda vez que si bien no se les prohíbe que empadronen a los propietarios de autos “chocolates”, el hecho de que no se actúe contra los propietarios de autos y camionetas pudiera prestarse a que hay un “arreglo”.
Hizo ver que de acuerdo al artículo nueve de la Ley de Tránsito en Tamaulipas, ese tipo de unidades de procedencia norteamericana no pueden circular con una placa expedida por ese tipo de organizaciones a través de un pago del que no se factura, porque la unidad nunca deja de ser ilegal o considerada como contrabando.
“Hoy vemos una cantidad importante de oficinas que se están aperturando de una y otra organización de Onapafa, UCD y otras, en las que entre ellos se están disputando la membresía para poder cobrando por integrar un padrón de propietarios de autos y camionetas americanas, que no es ninguna garantía para circular, porque siguen siendo ilegales” aseveró.
Refirió que cada una de esas oficinas realizan un cobro por empadronar a los propietarios de vehículos americanos, a los que si bien les dan una placa de plástico o de cartón, además de que no tiene validez oficial, no es ninguna garantía o permiso para que puedan circular, porque en cualquier momento se les puede decomisar, al ser vehículo ingresado de contrabando.
“Lo que estamos pidiendo es que se investigue el fondo de las organizaciones, qué beneficio persiguen, porque aparentemente cubre a socios, afiliados o asociados para que no sean molestados por la autoridad haciendo una ostentación de un ilícito que es el contrabando”, reiteró.
Apuntó que con la bandera de las organizaciones, recolectan dinero a cambio de una promesa de nacionalización, que nada tiene que ver con ellas, porque al final de cuentas quien puede emitir un decreto para nacionalizarlas es el Congreso de la Unión o la Presidencia del país.
