Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) exigió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) y a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) abrir una investigación sobre la denuncia pública realizada por El Diario de Ciudad Victoria, en relación a presuntos hechos de corrupción con la asignación de contratos de proveeduría a empresas “amigas” por parte del Ayuntamiento de Victoria y el sistema DIF municipal, en cuyos hechos figura como principal responsable Tanya González, hija del alcalde Xicoténcatl González Uresti.
El coordinador de los legisladores del PRI, Alejandro Etienne Llano, dijo que ambas instancias, la ASE y la FECC, deben actuar de oficio y abrir una indagatoria para verificar la investigación periodística en la que se ofrecen datos “duros”, como nombres de personas y empresas involucradas.
“Simplemente les pedimos que hagan su trabajo. Que investiguen los hechos y si hay responsabilidad que procedan y si no la hay pues que también lo digan”, mencionó.
Refirió que la ASE depende del Congreso del Estado, pero tiene autonomía técnica y puede iniciar auditorías para revisar los hechos denunciados.
Y añadió: “Me parece que todo servidor público y todo Gobierno está obligado a la mayor transparencia y cumplimiento de la ley. Por eso es importante hacer un llamado a las instancias que correspondan para verificar que acaten las disposiciones legales que regulan la contratación y licitación en sus diferentes aspectos”.
Etienne Llano hizo un reconocimiento al trabajo de investigación que dejó expuestos a la luz pública los hechos presuntamente irregulares que se están cometiendo con la asignación de contratos de proveeduría.
“Enhorabuena, porque la opinión pública juega un papel decisivo como instrumento de contrapeso del Gobierno. Qué bueno que así sea y ojalá que se siga haciendo”, indicó.
El Diario de Ciudad Victoria publicó ayer un trabajo de investigación que evidenció una serie de asignaciones, irregulares y sospechosas, de contratos de proveeduría por parte del Gobierno municipal que encabeza el panista González Uresti, y el sistema DIF municipal, presidido por Arcelia Flores, esposa de aquel.
De acuerdo a la indagatoria, la mayor parte de los contratos habrían estado negociados y autorizados por Tanya González Flores, hija del Presidente Municipal, quien define montos y empresas favorecidas y aparte se autocontrata.
Algunas de las presuntas empresas que prestan diversos servicios al Ayuntamiento tienen domicilios fiscales en Michoacán y Nuevo León, en casas abandonadas u oficinas que nunca son abiertas al público.
Lo más grave es que en varios casos se otorgaron contratos en forma directa, sin licitación, en franja violación a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública y los Municipios, que si bien contempla esa figura, la condiciona a ciertos requisitos que en este caso no se cumplieron.
