Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado ha resuelto la indemnización a poco menos de 200 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en algunos casos de demandas que habían sido interpuestas desde 1982.
El magistrado presidente de la Primera Sala, Edgar Uriza Alanís, explicó que aunque en algunos casos los elementos pudieran tener razón al haber sido despedidos de manera injustificada, constitucionalmente no pueden ser reinstalados en el centro de trabajo donde tenían su desempeño, y se procede a la indemnización.
Se trata de elementos de la SSP y de la Procuraduría que en su momento interpusieron una demanda, reclamando un presunto despido injustificado además del pago de prestaciones económicas, en las que se entra en estudio y análisis de las pruebas aportadas para resolver conforme a la ley.
“Se ha indemnizado a los poco menos de 200 elementos con alrededor de 15 millones de pesos o más en términos generales, al habérseles pagado los 90 días de salario que les corresponde por ley, de 20 días por año laborado y prestaciones económicas que hayan tenido en su trabajo”, explicó.
En lo que tiene el Tribunal se han atendido menos de 200 asuntos de ese tipo en las tres salas, incluso un rezago que había en el anterior Tribunal Fiscal, a través de resoluciones para trabajadores que se desempeñaban en Seguridad Pública o la Procuraduría de Justicia.
De los casos que formaban parte del rezago que dejó lo que fue el Tribunal Fiscal, como algunas demandas que datan de 1982, la mayor parte ya se resolvió, al grado de que podrían estar pendientes algunos diez asuntos en las tres salas, el resto es de los que había, siguieron entrando o están en trámite.
Aunque la mayor parte de las resoluciones han sido a favor de los elementos policiacos, pues se comprobó que fueron por despidos injustificados, la ley impide su reinstalación en los centros de trabajo donde se desempeñaban, porque sería una violación a la Constitución.
A cada uno de ellos se ha procedido conforme a la ley a su respectiva indemnización, en base a lo que le corresponde por el tiempo laborado.
