Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Como un despropósito calificaron diputados locales la propuesta de la representante del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tamaulipas de cobrar a los ciudadanos por la credencial de elector.
El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Etienne Llano, dijo que aplicar un cobro empeoraría el abstencionismo que prevalece en cada elección.
“Es una propuesta que lo único que ocasionaría sería alejar más a la ciudadanía de las urnas. Tendrían que encontrar otras formas de allegarse recursos”, mencionó.
También el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Luis René Cantú Galván, condenó la sola idea de que se pueda llegar a vender a los ciudadanos la credencial de elector.
“No es algo viable. Hay que buscar otras alternativas”, mencionó.
La propuesta de cobrar por la credencial de elector la expuso la vocal del INE en Tamaulipas, Olga Alicia Castro Ramírez, cuando se le cuestionó sobre el proyecto de desaparecer los Organismos Públicos Electorales (Oples) para que el Instituto asuma por completo la organización de las elecciones.
Dijo que vender la credencial sería una forma de allegarse recursos para que el INE pueda asumir la organización de los procesos electorales.
Al respecto, Etienne Llano consideró como un absurdo pretender desaparecer los Oples, porque significaría un retroceso en el avance democrático que ha logrado el país.
“Yo estoy en el sentido de que se deben conservar las actuales reglas de las instituciones democráticas, que siga siendo gratuita la credencial de elector, y que sigan subsistiendo los organismos públicos electorales locales y que se siga fortaleciendo al INE”, afirmó.
Por su parte, el también diputado del PRI, Rafael González Benavides, se pronunció a favor del llamado voto electrónico.
“Eso facilitaría al elector para que desde la comodidad de su casa y en un periodo determinado emita su sufragio”, detalló. Consideró que el sistema electoral mexicano debe avanzar hacia la modernización que permita el ahorro de recursos, sin afectar la práctica de la democracia.
