En los últimos cinco años se han promovido en Tamaulipas 29 juicios políticos contra servidores públicos.
Sin embargo, ninguno de ellos ha sido aprobado o realizado, ya que de esos 29, 20 han sido desechados por el Congreso del Estado; cuatro han sido procedentes y los otros cinco restantes se mantienen en el tintero legislativo.
Lo anterior luego de que la excandidata de Morena a una diputación local, Nora Hilda de los Reyes emitió una solicitud de juicio político contra el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti.
Según el archivo histórico del Poder Legislativo que publica en su sitio de Internet, de 2014 a la fecha 25 diferentes asociaciones, grupos políticos o ciudadanos en lo individual, han promovido juicios políticos.
Sin dar cuenta a detalle, se trata de juicios contra cinco alcaldes, tres regidores, un diputado local, así como magistrados del Poder Judicial, entre otros funcionarios.
De las cuatro acciones que sí procedieron fueron en contra de quienes en su momento eran funcionarios del Ayuntamiento de Jaumave, así como de un exprocurador de la entidad y un Juez Segundo Penal del Poder Judicial de Tamaulipas.
El caso del Alcalde de Victoria aún no se turna al pleno para que esta sea enviada a las comisiones correspondientes para su estudio, análisis, dictaminación y posterior discusión y/o aprobación.
La Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos de Tamaulipas, indica que un juicio político es procedente cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos.
“Las causas por las cuales puede iniciar un juicio político son; por ataque a las instituciones democráticas, ataque a la forma de gobierno establecida en la constitución estatal, violaciones graves o sistemáticas a garantías individuales, ataque a la libertad de voto o la usurpación de atribuciones”, indica la Ley.
Y puntualiza: “En caso que un servidor público sea hallado culpable luego del juicio político, se le sancionará con la destitución del puesto, también se le aplicará la inhabilitación para el ejercicio de cargos en el servicio público de uno, hasta cinco años”.
