Cd. Victoria, Tam.-
Debido a la desconfianza de la sociedad, en Tamaulipas solamente es denunciado el nueve por ciento de los delitos, y de estos apenas el 52 por ciento son investigados, establece la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
El proyecto de ley, que dará vida formalmente a la nueva instancia encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos, y que encabezará el michoacano Irving Barrios Mojica, actualmente Procurador General de Justicia, fue recibido por el pleno legislativo a cuatro días de que venza el plazo fatal para aprobarlo. Se espera que los diputados avalen el documento en la última sesión ordinaria de la actual Legislatura, programada para el siguiente domingo.
En el apartado denominado: “Diagnóstico Institucional”, la iniciativa reconoce que la población en general ha venido perdiendo la confianza tanto en las instituciones de procuración como en los operadores del Sistema de Justicia.
Por esa razón, en la entidad no son denunciados ante el ministerio público el 91.0 por ciento de los delitos que se cometen, aunque a nivel nacional el dato es más grave porque llega al 93.6 por ciento, aproximadamente.
“Las causas de la no denuncia son atribuibles a las autoridades, en la mayoría de los casos, seis de cada diez razones por las cuales los ciudadanos no denunciaron el delito del que fueron víctimas se atribuyó a las autoridades, ya sea por falta de confianza, mala atención, pérdida de tiempo, entre otras razones”, señala.
De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2016 se registraron en Tamaulipas 575 mil delitos, pero solo fueron denunciados nueve por ciento de ellos, es decir, poco menos de 52 mil.
De esas denuncias, el Ministerio Público inició investigaciones solo en 52.4 por ciento de los casos, cifra inferior que el promedio en el país, ya que a nivel nacional se inician investigaciones del 65 por ciento de las denuncias presentadas.
Además de la desconfianza, otro factor que afecta al aparato se procuración de justicia es el déficit de personal.
Actualmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) (que será reemplazada por la Fiscalía) cuenta con dos mil 800 servidores públicos, pero requiere de por lo menos dos mil 700 plazas extras para equilibrar la demanda de justicia y capacidades institucionales.
Eso propicia que actualmente un agente del Ministerio Público tenga bajo su responsabilidad 650 carpetas de investigación en cualquier momento dado.
Bajo esas carencias, “es extremadamente difícil reducir el nivel de impunidad” y no es posible cambiar la percepción de desconfianza en las instituciones.
