WASHINGTON (AP) — Dando marcha atrás a una política que ha estado vigente por décadas, el gobierno del presidente Donald Trump señaló el lunes que pondrá fin a las protecciones de asilo para la mayoría de los inmigrantes que se presenten en la frontera sur de Estados Unidos, el intento más aventurado del mandatario de bloquear las solicitudes de asilo y reducir el número de personas que pretenden obtener refugio en el país.
La nueva medida, que se prevé que entre en vigor el martes, abarcará a una gran cantidad de solicitantes de asilo, muchos de los cuales huyen de la violencia y la pobreza en Centroamérica. Con toda seguridad, la propuesta enfrentará impugnaciones legales.
De acuerdo al plan publicado en el Registro Federal, los migrantes que crucen otro país —en este caso, México— en su camino a Estados Unidos, no serán elegibles para asilo. La regla también aplica para los menores que han cruzado la frontera sin compañía de un adulto.
La gran mayoría de las personas afectadas por el dictamen son centroamericanas. Pero, en algunas ocasiones, migrantes procedentes de África, Cuba o Haití y otros países, también intentan ingresar a Estados Unidos por su frontera con México.
Existen excepciones, incluyendo a las víctimas de tráfico de personas y solicitantes de asilo cuya petición fue rechazada por otro país. En caso de que un migrante atraviese por un país que no firmó uno de los principales tratados internacionales (al que pertenecen la mayoría de las naciones occidentales) que rigen el trato que se les da a los refugiados, un inmigrante aún podría solicitar asilo en Estados Unidos.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró el lunes que México “no coincide con medidas que limitan el acceso al asilo y refugio”. El sistema de asilo en México también se encuentra rebasado actualmente.
Funcionarios del gobierno de Trump aseguran que los cambios tienen la intención de reducir la brecha entre el proceso inicial de asilo, que aprueban la mayoría de las personas, y la decisión final en la que casi todos quedan descartados.
El secretario de Justicia William Barr dijo que Estados Unidos es “un país generoso, pero está completamente rebasado” por la carga relacionada con la detención y procesamiento de cientos de miles de migrantes que se presentan en la frontera sur.
También dijo que la medida está dirigida a “migrantes económicos” y a “aquellos que buscan explotar nuestro sistema de asilo para poder entrar en Estados Unidos”.
Pero los grupos por los derechos de los inmigrantes, líderes religiosos y grupos humanitarios han dicho que las políticas del gobierno republicano representan un cruel intento de mantener a los migrantes fuera del país. Guatemala, Honduras y El Salvador son países pobres y, por lo general, asediados por la violencia.
“Esta es una nueva medida para enviar de regreso a lugares violentos a los refugiados que llegan con temores bien fundamentados de persecución — de hecho, el dictamen negaría asilo a los refugiados que no solicitaron asilo en países en los que estarían en riesgo”, dijo Eleanor Acer, de Human Rights First.
El abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, Lee Gelernt, que ha litigado algunas de las principales impugnaciones a las políticas migratorias del gobierno de Trump, dijo que la medida era ilegal y que su agrupación planea entablar una demanda.
“De ser ratificada, la regla eliminaría por completo el asilo a todos aquellos en la frontera sur”, declaró. “Pero es evidentemente ilegal”.
La ley federal permite a los refugiados solicitar asilo a su llegada a territorio estadounidense sin importar cómo es que llegaron o ingresaron. La excepción crucial es para aquellos que llegaron a través de un país que sea considerado “seguro”, pero la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que rige las leyes de asilo, no es clara sobre qué determina a un país seguro. Indica que es en virtud de un acuerdo bilateral o multilateral”.
En este momento, Estados Unidos tiene este tipo de acuerdos, conocido como de “tercer país seguro”, únicamente con Canadá.
México y países centroamericanos han considerado un pacto regional en la materia, pero no se ha concretado nada. Funcionarios guatemaltecos debían llegar el lunes a Washington, pero al parecer la reunión entre Trump y el mandatario guatemalteco Jimmy Morales fue cancelada debido a un fallo judicial en Guatemala sobre si el país podía firmar un acuerdo de “tercer país seguro” con Estados Unidos.
La nueva regla también aplicará desde el inicio del trámite de asilo, cuando se realiza la entrevista de «temor creíble», en la que los migrantes deben demostrar que tienen razones válidas para no regresar a su país de origen. Esto aplica para los que llegan a Estados Unidos, no a los que ya están en el país.
El secretario interino de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, dijo que los fondos adicionales otorgados por el Congreso para ayuda en la frontera entre Estados Unidos y México no son suficientes.
“Hasta que el Congreso pueda actuar, esta regla provisional ayudará a reducir un importante factor ‘de atracción’ que ha incentivado la migración irregular hacia Estados Unidos”.
Los tratados que los países debieron firmar según la nueva regla son el de la Convención de 1951 respecto al Estatuto de los Refugiados, el Protocolo o Convención de 1967 en contra de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Pero, por ejemplo, aunque Australia, Francia y Brasil son parte de dichos tratados, también lo son Afganistán y Libia, países a los que Estados Unidos no considera como seguros.
Junto con los recientes intentos del gobierno por devolver a los solicitantes de asilo al otro lado de la frontera, Trump ha intentado negar asilo a todo aquel que cruce ilegalmente la frontera, además de restringir las condiciones para solicitar asilo. De igual manera, el Departamento de Justicia recientemente intentó mantener a miles de solicitantes de asilo en detención en lo que se procesaban sus casos.
Casi todos esos intentos han sido bloqueados por los tribunales.
Decenas de miles de familias migrantes procedentes de Centroamérica cruzan la frontera cada mes, muchas de ellas para solicitar asilo. Las instalaciones fronterizas se encuentran peligrosamente sobrepobladas y operan muy por encima de su capacidad. Un organismo de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional reveló condiciones fétidas e insalubres para muchos niños. Y los legisladores que han visitado recientemente estos centros arremetieron contra las condiciones al interior.
Pero muchos de los migrantes dicen que simplemente tienen mucho miedo de permanecer en sus países de origen.
Óscar Ponce, un conductor de autobús hondureño de 48 años que esperaba en la frontera con México para ingresar a Estados Unidos, dijo que quería solicitar asilo de manera legal. Salió de su país después de que las pandillas lo amenazaron de muerte si no pagaba su “impuesto”.
«Plan B es por el río”, dijo Ponce a The Associated Press en Ciudad Juárez.
Las cortes migratorias tienen un retraso de más de 800.000 casos, lo que significa que muchas de esas personas podrían tardar años en que se atiendan sus solicitudes de asilo, a pesar de que se están contratando más jueces.
Por lo general, las personas pueden obtener asilo en Estados Unidos si temen volver a su país de origen porque serían perseguidos por cuestiones raciales, religiosas, de nacionalidad o afiliación a algún grupo social en particular.
Durante el año fiscal 2009, se presentaron 35.811 solicitudes de asilo y se otorgaron 8.384. En el año fiscal 2018, se interpusieron 162.060 peticiones, de las que se aprobaron 13.168.
