Rogelio Rodríguez Mendoza
A pesar de los esfuerzos legislativos y normativos que se han hecho en los últimos años, la discriminación laboral contra la mujer embarazada sigue siendo una realidad preocupante, coincidieron especialistas en justicia laboral y apoyo a víctimas durante una mesa de análisis en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).
Como parte de las jornadas de Derechos Humanos organizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Fernando de la Fuente Sanders”, las ponentes debatieron el amparo directo en revisión 3217/2018, a través del cual el máximo tribunal de justicia del país concedió la protección de la justicia a una empleada federal que había sido despedida mientras estaba embarazada.
Las participantes coincidieron en que siguen ocurriendo muchos casos donde a las mujeres que van a solicitar empleo se les exige un certificado de no gravidez y hasta una renuncia en blanco, lo cual constituye un acto discriminatorio que no debería tolerarse.
Ante esa realidad hicieron un llamado a las mujeres a no quedarse calladas ante hechos de esa naturaleza, acudiendo ante los tribunales de justicia para defender su derecho.
“Tuve una compañera que estando embarazada fue despedida de una dependencia de Gobierno. Me quedé impactada porque no quiso defenderse y acepto el despido. Muchas como ella no se defienden porque temen que luego se les cierren las puertas del Gobierno para reingresar en otro empleo. Lamentablemente la discriminación y abusos contra las mujeres también se da mucho en el servicio público”, detalló Dulce María Macías Palomino, una de las ponentes.
Ante decenas de estudiantes de Derecho, Rocío Simansky López, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, consideró que debe educarse a las mujeres desde niñas para que conozcan sus derechos y eviten ser víctimas de discriminación en cualquier ámbito de sus vidas.
En entrevista, la magistrada del Poder Judicial Federal, Olga Iliana Saldaña Durán, quien coordinó la mesa de análisis, lamentó que a pesar de los grandes avances en materia de equidad de género y en la defensa de los derechos humanos, sigue prevaleciendo el fenómeno discriminatorio contra la mujer.
“Muchas ocasiones mueve más a las personas embarazadas la falta de posibilidades económicas para acceder a un juicio. Creen que necesitan pagar un abogado para defenderse cuando hay una Procuraduría de la Defensa del Trabajo que las puede asesorar” detalló.
Y añadió: “Por otra parte también influye la cultura de la mujer que es muy abnegada, muy sufrida y creo que debe decidirse a empoderarse.
Tienen que aprender y animarse a defender ese fuero maternal. Debemos educarlas de otra forma”.
La juzgadora de segunda instancia consideró difícil establecer un dato estadístico de casos de mujeres embarazadas discriminadas porque son muy pocos los que llegan a los tribunales de justicia.
“Definitivamente conocemos muy poco porque muchos casos no llegan a los tribunales”, indicó.
Por todo ello expuso la necesidad de impulsar reformas Constitucionales y legales para cerrar más herméticamente la puerta a la discriminación laboral contra la mujer, tanto en el sector privado como en los Gobiernos.
“Y es que también los Gobiernos discriminan y es algo que no podemos tolerar. No porque una mujer está embarazada debe ser despedida”, indicó.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:
https://eldiariodevictoria.com/2019/06/16/embarazos-en-adolescentes-siguen-al-alza/
