Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Funcionarios de al menos 14 municipios incurrieron en irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, por cuyos hechos deberán ser sancionados por las contralorías internas, informó Jorge Espino Ascanio.
El titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) explicó que las infracciones a la normatividad legal son de tipo administrativo, por lo que los órganos de control interno deberán aplicar sanciones, que van desde una amonestación pública o privada hasta la suspensión temporal o inhabilitación.
Dijo que entre los responsables aparecen alcaldes, tesoreros, síndicos y otros que tienen como función el manejo del presupuesto.
“En estos momentos no traigo el nombre de los municipios a los que ya se les han enviado una relación de funcionarios que incurrieron en irregularidades administrativas, pero de los 43 ayuntamientos al menos el 30 por ciento está en esa situación”, señaló.
Una falta muy común es la de autorizar una compra a una empresa no registrada en el padrón de proveedores.
Dentro del mismo contexto, el Auditor anunció que en breve entregará a la LXIV Legislatura un paquete de entre 25 y 30 informes de resultados de cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018.
Recordó que el plazo fatal para entregar todo el paquete de cuentas públicas del año anterior vence el 20 de febrero del 2020.
Sin embargo, recordó que la Ley de Fiscalización permite a la Auditoría entregar anticipadamente paquetes de informes de resultados. En julio del año pasado se entregaron 23 documentos por adelantado.
Bajo esas circunstancias, la Comisión de Vigilancia de la ASE del Congreso del Estado estará en condiciones de revisar los informes y dictaminarlos para llevarlos ante el pleno legislativo.
Además de ello, la ASE sigue trabajando en la solventación de cuentas públicas de los ejercicios 2016 y 2017, pues, aunque ya fueron reprobadas por el Congreso del Estado, los involucrados aún tienen derecho a aclarar las observaciones que se les hicieron.
Una vez agotados los tiempos constitucionales y legales, la ASE estará en posibilidades de determinar si hay elementos para fincar responsabilidades administrativas o penales. En ese caso, dará vista a la Contraloría del Estado o a la Procuraduría General de Justicia.
“Aún no se han terminado los tiempos que la ley nos marca. Todos esos asuntos están en investigación, pero estamos en la etapa de comprobar observaciones”, detalló.
Precisó que aunque el pleno del Congreso del Estado repruebe una cuenta pública, la Constitución y la Ley otorgan plazos a los involucrados para que aclaren las irregularidades que se les detectaron.
