diciembre 11, 2024
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octubre 16, 2019 | 196 vistas

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

Cd. Victoria, Tam.-
Los organismos operadores de agua potable en los municipios prefieren pagar multas que invertir en plantas de tratamiento de aguas residuales, por lo que a partir de enero próximo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) será implacable en la aplicación de la ley, advirtió Felipe de Jesús Chiw Vega.

El Director General del organismo de Cuenca Golfo Norte de la Conagua dijo que ante la preocupante contaminación que generan las Comisiones Municipales de Agua Potable y Alcantarillado (Comapas), al tirar a cielo abierto o en cauces de ríos y arroyos las aguas residuales, se preparan acciones enérgicas para aplicarlas a partir del año próximo.

“La ley ahí está y la vamos a aplicar. Vienen sanciones muy fuertes”, indicó.

Explicó que en los 43 municipios del estado las Comapas contaminan el medio ambiente con sus aguas negras. Unas lo hacen más que otras.

Una de las razones por las que los gobiernos municipales no invierten en el tratamiento de sus aguas residuales es que el costo de una planta tratadora de aguas o una laguna de oxidación es muy alto.

Sin embargo, insistió, el año próximo ya no habrá tolerancia.

Chiw Vega explicó que actualmente existen en Tamaulipas 75 plantas tratadoras de aguas residuales, pero de ellas 47 están en desuso porque se encuentran averiadas o simplemente porque los municipios no quieren invertir para ponerlas a operar.

La consecuencia es que el 50 por ciento de las aguas residuales no son tratadas y las Comapas las tiran en despoblado o en algún río o arroyo.

Reiteró que los organismos operadores prefieren pagar la multa que les aplica la Conagua, porque les resulta menos onerosa que invertir en una planta tratadora de aguas.

“Hay un acuerdo para que, de las participaciones estatales que les toca el Gobierno local les retenga el monto de la sanción y lo entregue a la Conagua. Así se está haciendo”, mencionó.

“Nosotros podríamos tapar la descarga para evitar que el agua negra siga contaminando, pero generaríamos un problema mayor porque ese desecho se quedaría en las zonas urbanas”, indicó.

Cabe señalar que por un decreto del Congreso del Estado, a partir de este año los 43 ayuntamientos estaban obligados a destinar el 1.5 por ciento de su presupuesto a la elaboración de proyectos para tratamiento de aguas residuales y protección del medio ambiente en general, pero muy pocos cumplieron.

 

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