Redacción.-
Cd. Victoria, Tam.-
Con una calificación de 5.42, los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Tamaulipas están reprobados.
Así lo revela el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2019, realizado cada año por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Solamente tres entidades lograron calificación menor a seis. A Tamaulipas se sumaron Veracruz y Guerrero.
El Cedes de Reynosa logró una calificación de 4.91; el de Victoria, 5.22; el de Nuevo Laredo, 5.38; el de Matamoros, 5.43, y el de Altamira 6.16.
En todos se detectó la existencia de autogobiernos o cogobiernos; el cobro de extorsiones y sobornos; presencia de actividades ilícitas e insuficiencia de personal de custodia y seguridad.
Otras irregularidades detectadas son: hacinamiento; deficiente separación de hombres y mujeres; deficiencia en los servicios de salud; insuficiencia de vías para denunciar posibles violaciones de derechos humanos, y deficiencias en la alimentación.
La investigación también encontró deficiencias en la separación de procesados y sentenciados; insuficiencia en actividades laborales y de capacitación e insuficiencia o inexistencia de actividades educativas.
La población penitenciaria de Tamaulipas es de cuatro mil 498 internos, de los cuales cuatro mil 255 son hombres y el resto mujeres. La capacidad carcelaria del Estado es de seis mil 520 internos, por lo que bajo las condiciones actuales existen dos mil 22 espacios disponibles.
De acuerdo con la CNDH, el DNSP es un instrumento de evaluación y valoración que presenta la situación que impera en el sistema penitenciario bajo la perspectiva del respeto de los derechos humanos, analizando las condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión.
“Así, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) formula el DNSP a partir de la responsabilidad y la necesidad de evaluar a través de un proceso sistémico el ámbito penitenciario nacional, con el objeto de determinar en qué medida se alcanzan los objetivos en materia de derechos humanos establecidos en la normatividad, instaurando además una valoración que permita un proceso de mejora, basado en parámetros fundados en los instrumentos nacionales e internacionales”, indicó.
El ejercicio de evaluación alcanzó a una muestra de 203 instituciones penitenciarias de las 309 existentes en enero de 2019, con lo cual se supervisó al 66 por ciento de los centros de reclusión del país. Respecto de los centros penitenciarios dependientes específicamente de gobiernos locales (varoniles, mixtos y femeniles), la programación se realizó sobre una muestra de 183 establecimientos, es decir, el 65 por ciento de un total de dos mil 814 existentes en el territorio nacional.
En lo general, los rubros que presentaron las deficiencias con mayor incidencia se refieren a la insuficiencia de personal con el 72.68%; insuficiencia de actividades laborales y de capacitación 66.67%; deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios 62.84%; deficiente separación entre procesados y sentenciados 55.19%; insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria 51.91%; y presencia de actividades ilícitas 40.44%.
