México, 10 Dic (Notimex).- A través de sus abogados, la exsecretaria de Estado, Rosario Robles, respondió al citatorio emitido por la Cámara de Diputados en el marco del juicio político en su contra, y demandó el sobreseimiento de dicho procedimiento, debido a que contiene inconsistencias e irregularidades.
La defensa de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer que se presentó en tiempo y forma ante la Sección Instructora de Juicio Político de la Cámara de Diputados la contestación al citatorio para comparecer ante dicha instancia legislativa; y que se solicitó la suspensión del procedimiento por estar “plagado de inconsistencias, irregularidades y violaciones procesales”.
Los abogados Epigmenio Mendieta, Julio Hernández Barros y Javier Sánchez Rojas expresaron su rechazo “al escarnio y a la sistemática violación de Derechos Humanos de la cual está siendo víctima” la exservidora pública, quien se encuentra en prisión preventiva, acusada de ejercicio indebido del servicio público.
Los litigantes informaron que ante los diputados solicitaron el sobreseimiento del procedimiento de juicio político, “derivado de la notoria y manifiesta improcedencia”, debido a que, en principio, violan su derecho humano de presunción de inocencia, reconocido por la Constitución y diversos tratados internacionales suscritos y ratificados por México.
Advirtieron que en caso de que los diputados insistan en continuar con el juicio político, aún a sabiendas de que lesionan de manera irreparable los derechos humanos de Robles Berlanga, “también incurren en una responsabilidad tanto jurídica como política, la cual se hará valer en el momento procesal oportuno y ante las instancias nacionales e internacionales competentes.
Ello, aunado a la responsabilidad patrimonial en la que pudiera incurrir el Estado Mexicano, pues señalaron que con el juicio político iniciado, se violenta el derecho humano de certeza y seguridad jurídica por carecer de materia y de objeto, pues “resulta materialmente imposible la destitución de la enjuiciada”.
Sobre este punto, enfatizaron que en este momento, Robles Berlanga no desempeña ningún cargo público, además, de que ya fue “injusta y arbitrariamente inhabilitada” por la Secretaría de la Función Pública.
Entre las irregularidades que señalaron, es que la Comisión de Puntos Constitucionales nunca fue convocada a la instalación de la subcomisión de examen previo, “lo que implica una transgresión al segundo párrafo del Artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 3 fracción IV y 155 del Reglamento de la Cámara de Diputados, “dando como resultado la nulidad de la respectiva sesión”.
Acusaron que en la subcomisión de examen previo, existen 127 denuncias de juicio político pendientes por desahogar en contra de diversas personas que fueron presentadas antes que las instauradas contra Rosario Robles, sin embargo, no han sido tramitadas, y en cambio, se dio el impulso procesal para enjuiciar “de manera exprés” a la también exjefa de Gobierno del Distrito Federal.
Además, acusaron que la Cámara de Diputados dio trámite a una denuncia de juicio político del 23 de abril de 2013, cuando el Artículo 9 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece que las sanciones deberán aplicarse en un plazo no mayor a un año a partir de iniciado el procedimiento, lo que quiere decir que el procedimiento de este juicio político debió concluir a más tardar el 23 de abril de 2014.
De lo contrario, sostuvieron los abogados, cualquier sanción que se imponga a la hoy denunciada será ilegal y por lo tanto será una franca violación a sus derechos fundamentales, a la par de que la denuncia de juicio político de 2013 no fue ratificada por el entonces diputado Silvano Aureoles Conejo, hoy gobernador de Michoacán, situación que pone en evidencia la violación al principio de debido proceso legal.
