Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Durante 2019 Tamaulipas fue una de las 17 entidades del país más castigadas en 2020 por la reducción del presupuesto federal para seguridad pública, y el panorama para el 2020 es preocupante, denunció la organización no gubernamental (ONG) Causa en Común.
Por ejemplo, entre 2018 y 2019 disminuyó dos por ciento el monto asignado al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en los estados (FASP), lo cual “golpeó” particularmente a 17 entidades, incluyendo, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, que padecen una grave situación de violencia delincuencial.
Además, disminuyó un 23 por ciento el Subsidio para Seguridad Pública en los Municipios (Fortaseg), reduciendo los montos destinados a 211 municipios, entre ellos Reynosa.
Causa en Común advirtió que lo ocurrido en 2019 es grave, pero en 2020 podría ser peor.
“El panorama para el siguiente año es preocupante. El fondo de apoyo a estados, el FASP, disminuirá en 0.1 por ciento, y el apoyo a municipios, el Fortaseg, en un 3.5 por ciento, recorte adicional al 23 por ciento de este año”, indicó.
Se quejó de que el Gobierno federal priorizó la asignación de recursos al Ejército y la Secretaría de Marina, y relegó a las policías locales.
“Durante la campaña y antes de acceder al gobierno, los actuales funcionarios manifestaron no solo la disposición para desmilitarizar paulatinamente al país, sino de fortalecer a las policías, especialmente las locales. Sin embargo, a pesar de que se ha expuesto un “modelo” de policía, este muestra deficiencias y no se conoce ningún proyecto para completarlo, financiarlo e implantarlo de manera realista”, apuntó.
“La prioridad a la seguridad en el discurso público queda desmentida en el presupuesto que acredita la militarización extrema a nivel federal y el mayor debilitamiento de las policías locales”, precisó.
Igual que en 2019, el año próximo las policías estatales seguirán relegadas, porque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) será la que recibirá más recursos, con un presupuesto superior a los 94 mil millones de pesos.
“El presupuesto para seguridad pública no se ha incrementado en términos globales, desapareció la Policía Federal, las policías estatales no recibieron mayor apoyo, y las policías municipales enfrentaron recortes considerables”, detalló.
Refirió que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana solo es civil formalmente y el mando de la Guardia Nacional corresponde a las Fuerzas Armadas, por lo que su existencia parece tener un sentido más político que institucional.
Dentro de ese mismo contexto, lamentó una serie de errores en las políticas en materia de seguridad pública.
“El país vive la crisis más grave de inseguridad de la que se tenga registro. Se ha acelerado la militarización del país, por las vías legal, presupuestal y operativa. No existe de hecho ninguna línea clara que separe a las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional”, mencionó.
Y añadió: “Se ha decidido no enfrentar al crimen organizado, y son evidentes fallas importantes al interior del gabinete de seguridad. El Gobierno mantiene un discurso en el que no son anormales las omisiones, las inconsistencias y las inexactitudes”.
