Arely López Galicia
MATAMOROS, Tam.- Los empresarios mexicanos están muy preocupados ante los cambios fiscales que se aplicarán a partir de este 2020, sobre todo porque aseguraron que el Gobierno federal pretende criminalizar, al considerar como amenaza a la seguridad nacional a los delitos de defraudación fiscal y otros.
Durante su visita por Matamoros, el presidente de la Comisión Fiscal de Coparmex Nacional, Reginaldo Esquer Félix, aseveró que ante estos cambios fiscales han estado realizando trabajos importantes de defensa de los intereses del sector empresarial.
Destacó que lamentablemente la ley ya está publicada y considerada de acuerdo con la ley de amparo, pero aplicativa, lo que significa que no se puede pelear hasta que estés en la cárcel, pues la ley no se puede impugnar.
“En esta ley se prevé hasta prisión preventiva oficiosa, en donde los empresarios que se vean involucrados en estos procesos tendrían que defenderse en la cárcel de cualquier acto de injusticia de las autoridades, lo que para la Confederación Patronal de la República Mexicana les parece particularmente peligroso”, indicó.
Sin embargo, pese a ello, Esquer Félix informó que se promovió una acción de inconstitucionalidad que la misma ley le permite, y por otro lado, los senadores que votaron en contra de la ley, que representan el 33 por ciento del total, también promovieron una acción de inconstitucionalidad.
Otra de las preocupaciones que dio a conocer es porque ahora el SAT tendrá un excesivo poder para emprender nuevas acciones fiscales, como un nuevo esquema reportable, cancelación del sello digital, entre otras atribuciones.
“Nos preocupa el excesivo poder que se le atribuye ahora al fisco para poder cancelar sellos digitales, procedimientos que les van a permitir con mucha facilidad y vendrá a afectar a las empresas en esas condiciones y los procesos de fiscalización electrónica que ahora también se van a intensificar”, indicó.
Resaltó que si bien no hay nuevos impuestos y no se incrementaron los actuales, lo que se prevé es una excesiva fiscalización durante el 2020, y será una situación alarmante para el próximo año.
