Washington, 16 Ene (Notimex).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó preocupación ante las denuncias que señalan que una red de espionaje ilegal contra medios de comunicación es operada por agentes estatales de Colombia.
A través de su relatoría especial para la libertad de expresión, la CIDH hizo eco de una investigación periodística que acusa que agentes del gobierno de Iván Duque han espiado a periodistas, medios de comunicación, defensores de derechos humanos, magistrados y políticos, e instó a Colombia a investigar los hechos de forma exhaustiva e independiente.
La investigación acusa que el espionaje se llevó a cabo mediante equipos especiales que permiten captar llamadas telefónicas de celulares, además de la instalación del malware “Hombre invisible” en los dispositivos intervenidos.
Entre los espiados se encontrarían el director de la revista SEMANA, Alejandro Santos, la magistrada Cristina Lombana y el magistrado Carlos Reyes, de la Corte Suprema, además de diversos activistas y periodistas.
Las denuncias señalan como responsables a agentes de los batallones de ciberinteligencia militar y al batallón de contrainteligencia de seguridad de la información del ejército colombiano.
La Fiscalía y la Procuraduría colombianas anunciaron el 14 de enero para definir si existió el espionaje y si Nicasio Martínez, exjefe del ejército, estuvo involucrado.
Además, el presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunciaron una investigación interna para establecer si hubo intervenciones ilegales desde oficinas de las fuerzas armadas contra magistrados de la Corte Suprema, políticos y periodistas.
“El uso de cualquier programa o sistema de vigilancia en las comunicaciones privadas debe estar establecido de manera clara y precisa en la ley, ser verdaderamente excepcional, y estar limitado en función a lo estrictamente necesario para el cumplimiento de fines imperativos como la investigación de delitos graves definidos en la legislación, y contar con control judicial previo”, subrayó la CIDH.
“La vigilancia de las comunicaciones y las injerencias a la privacidad que excedan lo estipulado en la ley, que se orienten a finalidades distintas a las autorizadas por ésta o las que se realicen de manera clandestina deben ser drásticamente sancionadas”, añadió.
