Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Debido a que el delito de extorsión se incrementó en un 28 por ciento entre los años 2018 y 2019, convirtiéndose en la segunda conducta delictiva de más incidencia en todo el país, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) creará una base nacional de números telefónicos extorsivos.
La base nacional se alimentará con los números telefónicos que reporten los gobiernos estatales y municipales, por haberse realizado desde ellos llamadas de extorsión telefónica o fraude.
El acuerdo que contiene los lineamientos para la creación de la base nacional será publicado en el portal del Gobierno de México, para entrar en vigor al día siguiente.
El Sesnsp detalló que tan solo en 2018 el delito de extorsión generó aproximadamente 12 mil millones de pesos en pérdidas para los ciudadanos.
“Esos 12 mil millones de pesos representan un monto cercano a los recursos federales que otorga el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública a entidades y municipios”, precisó.
Además, insistió, durante los dos últimos años se convirtió en el segundo delito de más incidencia en el país.
La extorsión afecta principalmente a los grupos más vulnerables, lo que genera un impacto social y aumenta la percepción de inseguridad en el país.
La instancia federal indicó que aun cuando varias entidades federativas han implementado diversas acciones encaminadas a combatir los delitos de extorsión y fraude telefónico, hasta el momento no existe una estrategia unificada a nivel nacional para prevenir y mitigar dichos ilícitos.
Por esa razón, y ante la necesidad de contar con inteligencia sobre los patrones del delito de extorsión y fraude telefónico, el Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo, como ente regulador del Sistema Nacional de Información, propuso la creación de una base nacional con datos acerca de la comisión de dichos delitos, posibles ubicaciones y circunstancias de comisión de los hechos para efectos de prevención e investigación;
Para ello, los estados reportarán bajo un formato de datos estandarizado la información sobre el presunto número extorsivo, el probable responsable, el modus operandi y la referencia general de la víctima.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno podrán tener información de la base de datos para alimentar sus sistemas, alertar a la población y generar investigación y acciones de inteligencia en el combate a dichas conductas ilícitas, para lo cual deberán también proporcionar, a través de un esquema de datos, la información necesaria para la integración y actualización de la base.
