Chantal Martínez Díaz.-
Cd. Victoria, Tam.-
La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (Fmopdh) llama a las autoridades a que las medidas implementadas para prevenir a la covid-19 no se conviertan en una crisis de derechos humanos y se pronuncian en contra de la suspensión de derechos.
Dicha Federación, compuesta por los 33 organismos de derechos humanos del país (incluida la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Codhet), asegura que se mantendrán “vigilantes” para evitar que se desarrollen amenazas a los derechos humanos derivadas de las restricciones o ejecución de las acciones para implementar medidas de prevención.
La emergencia sanitaria “debe considerarse una oportunidad para hacer efectivos los deberes de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, particularmente a los grupos de población en riesgo”.
Asimismo, se pronunció para que se establezcan las debidas garantías bajo el principio de máxima protección, conforme a los siguientes puntos:
1.- Implementación y difusión de medidas preventivas, de apoyo y de atención integral.
2.- Medidas para garantizar los derechos de operadores y personal del sector salud, así como a personas portadoras o contagiadas del virus.
3.- Medidas de protección y garantías para la atención a personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria o en situación de vulnerabilidad.
4.- Medidas de protección y seguridad ciudadana y pública.
5.- Medidas para prevenir y atender la violencia de género en el ámbito familiar.
Aunque asegura que “las normas de derechos humanos reconocen que en el contexto de serias amenazas a la salud pública y emergencias públicas que pongan en peligro la vida de una nación, las restricciones a algunos derechos pueden justificarse siempre y cuando tengan una base legal, sean estrictamente necesarias y no sean arbitrarias ni discriminatorias en su aplicación, sean de duración limitada, respeten la dignidad humana, estén sujetas a revisión y sean proporcionales para lograr su objetivo”.
Esto es, dicen, “toda restricción o limitación de derechos debe ser legítima, adecuada, necesaria y proporcional”.
En ese sentido, la Federación hizo un llamado a no dar cabida a situaciones que deriven en suspensión de derechos.
