Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), hizo un llamado a los gobiernos estatales, para que ante la situación de contingencia sanitaria por el covid-19, desburocraticen y hagan más ágil el procedimiento para otorgar libertades anticipadas a personas privadas de su libertad en los Centros de Ejecución de Sanciones (Cedes).
“La situación actual derivada de la pandemia por COVID-19, ha develado, por ejemplo, la necesidad de agilizar los procesos para la determinación de libertades anticipadas, las cuales siguen manteniendo criterios rígidos y ardua burocratización, lo que conlleva a una dilación en su otorgamiento y garantía” señaló.
Recordó que hasta antes de la reforma Constitucional publicada el 18 de junio del 2008, la autoridad jurisdiccional penal limitaba su competencia a la imposición de las penas, sin intervenir en la modificación y duración de las mismas, correspondiendo esa atribución a la autoridad penitenciaria.
“No obstante, desde la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esa potestad se confiere totalmente al Juez de Ejecución de Penas, terminando con ello las prácticas con amplios márgenes discrecionales con el que eran otorgadas las libertades” indicó.
En ese sentido, pidió a los Jueces de Ejecución Penal, una comprensión mayor de las problemáticas inherentes al sistema penitenciario, así como los alcances que tienen sus resoluciones.
“Por ello este Organismo Nacional insiste en el fortalecimiento de la coordinación entre la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución penal para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, e insta a visitar de manera periódica, los establecimientos penitenciarios y conocer las condiciones que imperan en los mismos y si éstas son compatibles con la dignidad humana de las personas en reclusión penitenciaria, entre otros aspectos, para garantizar el derecho a una reinserción social efectiva” mencionó.
Dentro del mismo contexto, la CNDH denunció que Tamaulipas figura en un grupo de siete entidades del país, que han incumplido con la creación de una Comisión Intersecretarial que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, mediante la coordinación interinstitucional, denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los otros seis Estados que incumplen el mandato de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) son: Chiapas, Colima, Puebla, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas.
Refirió que las Comisiones Intersecretariales son fundamentales para vigilar el funcionamiento de los Cedes y asegurar el respeto a los derechos humanos de quienes están privados de su libertad.
