Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
Diputados locales del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demandaron la creación en Tamaulipas de un padrón de niños huérfanos a causa de feminicidios.
Lo anterior, al presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Atención a Víctimas del Delito, en la cual proponen incorporar la obligación del Estado de crear un Registro Estatal de Menores en Estado de Orfandad.
La acción legislativa es firmada por los diputados Rigoberto Ramos Ordóñez, Carmen Lilia Canturosas Villarreal y Leticia Sánchez Guillermo.
Ramos explicó que en el ordenamiento normativo se establecerá que el Gobierno será responsable de garantizar la educación, hasta la mayoría de edad, de los menores, así como otorgarles servicios médicos.
En el numeral 34 Bis, se señalará que: “Tratándose de menores de edad en estado de orfandad como consecuencia del delito de feminicidio, el Estado garantizará una beca de manutención para asegurar el acceso a la educación en instituciones públicas, hasta su mayoría de edad, así como servicios médicos y medicinas gratuitas en el primero, segundo y tercer nivel de atención, en instituciones de salud estatales”.
El legislador por Reynosa señaló que actualmente no existe un registro de niños que hayan quedado en la orfandad a causa del feminicidio.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de las Mujeres (INM), el número de menores en estado de orfandad en México por el delito de feminicidio en el año 2019, fue alrededor de tres mil niñas y niños.
“En el caso de Tamaulipas, no sabemos cuántos menores de edad están en este supuesto; no sabemos en dónde están, mucho menos cómo se llaman. Razón por la que proponemos se establezca, como una obligación del Estado, integrar y actualizar un padrón de las niñas, niños y adolescentes en estado de orfandad, víctimas del feminicidio”, indicó.
Ramos recordó que el 18 de febrero pasado presentó una iniciativa con proyecto de decreto, para establecer como agravante al delito de feminicidio, cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, embarazada o discapacitada, proponiendo una pena de 60 años de cárcel.
Sin embargo, dicha iniciativa sigue sin dictaminar.
