Chantal Martínez Díaz.-
Cd. Victoria, Tam.-
La senadora Lupita Covarrubias Cervantes propuso una iniciativa para inhabilitar permanentemente a servidores públicos corruptos que desvíen recursos y a quienes entorpezcan la justicia en casos de feminicidios.
La iniciativa que se turnó directo a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y Estudios Legislativos, propone aumentar el tiempo de inhabilitación para los servidores públicos de diez a 15 años que utilicen el nombre de un familiar hasta en cuarto grado para obtener un beneficio propio.
Asimismo, incluye a aquellos que incurran en faltas administrativas que constituyan obstrucción a la justicia o quien retarde y entorpezca la procuración de justicia en materia de feminicidio se les inhabilitará permanentemente.
A través de diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del Código Penal Federal, la senadora tamaulipeca propone aumentar las sanciones que impongan los Órganos Internos de Control en caso de responsabilidades administrativas, fijando como mínimo un mes de inhabilitación hasta siete años.
Asimismo, propone aumentar la inhabilitación de uno a cinco años, para pasar de siete a 15 años a servidores públicos que participen en asociaciones delictuosas, delitos relacionados con narcotráfico o corrupción.
En la exposición de motivos, explica que en México existen muchas voces, desde múltiples dimensiones sociales, que han exigido y exigen acceso a la justicia, fuertes controles financieros y una legislación adecuada, para evitar que las y los funcionarios públicos reproduzcan y ejerzan prácticas de corrupción.
Explicó que el objetivo es aumentar el número de años de inhabilitación a servidores públicos corruptos; establecer la inhabilitación permanente como sanción a faltas graves; e incluir como una falta grave el retardo, entorpecimiento malicioso y la negligencia en la procuración o administración de justicia por servidores públicos en materia de atención al delito de feminicidio.
“La corrupción en México ha sido uno de los principales problemas sociales desde hace décadas. Es difícil hacer un recuento total de la cantidad de notas periodísticas que señalan actos ilícitos cometidos por servidores públicos en contra de sus obligaciones y de su pueblo; desde el entorpecimiento de la justicia hasta el desvío de recursos”.
Y destacó que la corrupción no es un ente abstracto, es concreto, se comete y reproduce día a día por miles de mexicanas y mexicanos, por las y los servidores públicos de todo el país, de todas las entidades federativas, por lo que la iniciativa fortalece el mecanismo legal para que ningún ciudadano o ciudadana que anteponga el beneficio personal al bienestar del pueblo de México, ocupe, se beneficie, presione o corrompa a otras y otros por permanecer en su cargo.
