Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
Una tercera orden de aprehensión se liberó en contra del ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos “N”, por asociación delictuosa, confirmó Raúl Ramírez Castañeda, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UiFi).
Además de ello, están pendientes de ejecutarse cuatro órdenes más en contra de distintos proveedores de la administración pública de ese municipio fronterizo, correspondiente al trienio 2013-2016.
Reveló que algunas de esas empresas proveedoras también han ofrecido sus servicios en otros ayuntamientos de Tamaulipas, a los que también se investiga, no obstante ser competencia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicarlas en el 69B.
“Nosotros lo que estamos haciendo es coadyuvar con el SAT, a quien se le ha enviado información para que en algunos casos, si es de su competencia, auxilie a la Unidad, en tanto se da seguimiento a la ruta del origen del dinero de todo este tipo de personas que pudiesen estar cometiendo un delito”, abundó.
Así como se investiga a proveedores del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, también se hace lo mismo en otros municipios, apuntó.
Si bien pudiera decirse que no está considerado como grave el delito de asociación delictuosa contra el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos “N”, Ramírez Castañeda aseguró que “creo que lo más grave es traer tres órdenes de aprehensión y tarde o temprano tendrá que presentarse a declarar ante el juez de control, cosa que no ha hecho al gozar de amparos que tendrán que resolverse”.
Comentó también que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a despachos contables que utilizan esquemas de evasión fiscal, notarios públicos por presuntos robos de identidad, además de ex funcionarios estatales y municipales de varios ayuntamientos.
Uno de los esquemas para delinquir es el uso de personas inocentes, que sin siquiera saberlo los llevan a una notaría, donde les piden firmar documentos y les entregan una retribución económica, confirmó Raúl Ramírez Castañeda, titular de la UiFi.
Agregó que ese tipo de personas, en algunos casos menores o mayores de edad, los utilizan vía robo de identidad para abrir cuentas bancarias o hacerlos dueños de inmuebles sin siquiera saberlo, pero que al adquirir ese tipo de obligaciones afrontan problemas fiscales.
