Rogelio Rodríguez Mendoza
Durante los tres últimos años, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició carpetas de investigación y averiguaciones previas contra casi dos mil policías por los delitos de tortura y abuso de autoridad.
El titular de la dependencia, Javier Castro Ormachea, detalló lo anterior al rendir, de manera virtual, su tercer informe anual de labores.
Por tortura se iniciaron 679 expedientes ministeriales, 149 de ellos desde junio del 2019 al mismo mes del 2020.
De ellos 140 fueron resueltos y 530 se encuentran en trámite. En total, suman 1,720 agentes policiales bajo investigación por ese delito.
En el mismo periodo, fueron iniciadas 341 carpetas de investigación contra servidores públicos de Tamaulipas por abuso de autoridad.
El 61 por ciento de las denuncias por abuso de autoridad las acaparan 208 agentes de Policía, y el resto servidores públicos de otras dependencias.
El funcionario explicó que en los tres años de creada la Fiscalía han sido iniciadas 565 carpetas de investigación, de las cuales quedan en trámite 165 porque el resto fueron resueltas.
Ciento setenta y cuatro denuncias fueron presentadas directamente por los ciudadanos afectados, mientras que el resto son asuntos de los que conocieron inicialmente las Unidades Generales de Investigación.
Además de la tortura y el abuso de autoridad, otros delitos que más se denuncian son: el ejercicio ilícito del servicio público con 34; peculado con 30 y cohecho con 21.
Otros 18 funcionarios han sido denunciados por delitos cometidos en el desempeño de funciones judiciales o administrativas; 13 por uso indebido de atribuciones y facultades y 11 por ejercicio indebido de funciones.
Diez más enfrentan acusaciones por enriquecimiento ilícito y 9 por ejercicio abusivo de funciones. El resto enfrentan cargos por intimidación, uso ilícito de atribuciones, abandono de funciones, usurpación de funciones y coalición de servidores públicos.
Los municipios de Victoria, Tampico, Mante , Madero y Matamoros son los que más denuncias de corrupción acaparan. Le siguen Altamira, Reynosa y Nuevo Laredo.
A la fecha han sido imputados judicialmente 84 servidores públicos , de los cuales el 94 por ciento fueron vinculados a proceso.
Existen en proceso de respuesta otras 40 solicitudes de imputación contra igual número de funcionarios.
Por otra parte, la Fiscalía ha recuperado en favor del Estado 41 bienes inmuebles, con valor de mil 584 millones de pesos.
