CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador criticó duramente el viernes a diversos grupos ambientalistas, insinuando que fundaciones extranjeras les pagan para oponerse a su controvertido proyecto del “Tren Maya” en la península de Yucatán.
Un grupo, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, le exigió una disculpa pública al mandatario y lamentó que se “criminalice” a los ambientalistas.
“Me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya”, manifestó López Obrador, quien señaló que “se disfrazan por dinero de ambientalistas, se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos y al final es un asunto de lucha de poder en lo económico y en lo político”.
El portavoz del mandatario, Jesús Ramírez, dijo que todas esas organizaciones no gubernamentales “curiosamente” recibieron recursos de fundaciones estadounidenses y luego se opusieron al Tren Maya.
“Estos fondos son sólo para el tema del Tren Maya”, dijo Ramírez, quien hizo uso de la palabra con el presidente durante la conferencia de prensa diaria del mandatario. “Esto es financiamiento extranjero para el tema del Tren Maya”.
Este episodio es el más reciente en la problemática relación de López Obrador con las organizaciones civiles, de las cuales desconfía.
El mandatario ha dicho antes que estas organizaciones son financiadas por opositores conservadores, y que él favorece los proyectos gubernamentales por encima de los esfuerzos privados en la mayoría de los ámbitos.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental afirmó en su respuesta que “lamentamos nuevamente que el Estado mexicano criminalice el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil”.
“Demandamos una disculpa pública por las agresiones y actos de difamación por los que hemos sido objeto desde la Presidencia de la República”, escribió el grupo en su cuenta de Twitter. “La cooperación internacional para el desarrollo es legal, así como los donativos de particulares, empresas y fundaciones nacionales e internacionales”.
Entre las organizaciones no gubernamentales figuran algunos de los grupos ambientalistas más prominentes de México, que han sido críticos de proyectos de gobiernos previos. Muchas de las organizaciones civiles han estado recibiendo donativos desde mucho antes de que López Obrador asumiera la presidencia en 2018.
En junio, el presidente inauguró un tramo del proyecto que recorrerá cinco estados del sureste para llevar turistas de los centros turísticos de Cancún y Playa del Carmen a las ruinas mayas de Palenque. Muchas comunidades ubicadas en la ruta del tren se sienten engañadas debido a la información escasa e incompleta, y los activistas temen los impactos sociales y ambientales de la obra.
López Obrador asegura que el proyecto creará 80.000 empleos en un momento en que se han perdido casi un millón debido a la restricción de actividades y medidas de confinamiento a causa del coronavirus. El tren recorrerá unos 1.500 kilómetros (950 millas) desde las playas del Caribe al interior de la península, al tiempo que estimulará el desarrollo económico en las zonas alrededor de sus 15 estaciones. El gobierno afirma que el costo del proyecto ascenderá a 6.800 millones de dólares, pero otros aseguran que la cantidad será mucho más alta.
La falta de estudios de calidad sobre el impacto ambiental, la oposición de comunidades indígenas mayas y el efecto del tren sobre los escasos recursos hídricos subterráneos, la flora y la fauna han llevado a muchos grupos a oponerse al proyecto.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, por ejemplo, ha exigido públicamente que las autoridades correspondientes nieguen la autorización para desarrollar el tren porque pasará por cuatro zonas naturales protegidas.
La W.K. Kellogg Foundation, una de las organizaciones sin fines de lucro con sede en Estados Unidos que mencionó López Obrador, señala que ha entregado donativos por 1,3 millones de dólares al Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Sin embargo, esos recursos comenzaron a entregarse en 2016, mucho antes de que López Obrador fuera elegido y propusiera el Tren Maya.
La fundación Kellog, sin mencionar al tren, dijo que los recursos tienen como propósito contribuir al “fortalecimiento de un cuadro de dirigentes indígenas en Campeche, México, para garantizar el derecho de los niños a un ambiente sano mediante la puesta en marcha de un programa de capacitación y asistencia jurídica para impulsar su participación en los procesos de decisiones donde puedan abogar por la protección de sus recursos naturales”.
Otro donativo de Kellog por 350.000 dólares dirigido al Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible comenzó en enero de 2018 en “apoyo a un modelo de trabajo que promueva la gestión social de los recursos naturales con la participación de jóvenes y mujeres y la expansión de cadenas de valor asociadas con la agricultura, apicultura y el carbón sustentables”. El consejo también se había opuesto al tren.
De hecho, muchas comunidades mayas se han opuesto al proyecto, no porque fueran azuzadas por gente ajena, sino por considerar que no se les consultó sobre el proyecto y no les reportará grandes beneficios.
Ramírez, el portavoz del presidente, también acusó a la Ford Foundation, la Climateworks Fundation y otras de entregar dinero a organizaciones no gubernamentales mexicanas que se oponen al tren.
