Una jueza federal otorgó una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de la República o a cualquier fiscalía estatal del país, detener a la presentadora de televisión Laura Bozzo.
La conductora ha estado envuelta en escándalos políticos en Perú, ha sido denunciada por personajes públicos en México, y en 2018 enfrentaba problemas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Bozzo promovió un amparo contra la orden que haya emitido una autoridad ministerial o judicial que obligue su comparecencia, detención o aprehensión.
María Dolores Núñez Solorio, jueza Cuarta de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió la medida cautelar que protege a Bozzo de ser detenida solo por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Asimismo, le fijó una garantía de 100 mil pesos que deberá cubrir en los próximos cinco días, o de lo contrario la suspensión dejará de tener efecto.
La juzgadora indicó que su resolución no genera un perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que de no otorgarse «se causarían a la promovente del amparo daños y perjuicios de difícil reparación»; Núñez Solorio dejó claro cuáles son los efectos de la suspensión otorgada:
«Si la orden que se reclama fue dictada por delito de prisión preventiva oficiosa…una vez que sea privada de su libertad quede a disposición de este juzgado únicamente en lo que se refiere a su libertad en el lugar en que sea recluida, y a disposición del juez de proceso para la continuación de éste», indica el acuerdo.
En el caso de que la orden de aprehensión emitida contra la agraviada sea por un delito que no prevea la prisión preventiva oficiosa no podrá ser «privada de su libertad con motivo de dicha orden», pero tendrá la obligación de presentarse ante la autoridad que la requiera.
El año pasado, el representante del Consejo Doctoral Mexicano, Francisco Javier García Ramírez, presentó una denuncia penal en la FGR en contra de las instituciones que otorgan Doctorados Honoris Causa como el concedido a Laura Bozzo.
La denuncia tiene el propósito de terminar con el «mercado negro» de los doctorados entregados de manera apócrifa a cambio de donativos, por lo que será la FGR la que determine si se ha constituido un delito.
En 2018, también se dio a conocer que Laura Bozzo debía 17 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, y que ya había agotada todas las instancias judiciales para impugnar la deuda.
Con información de: milenio.com
