Tres mujeres indígenas fueron privadas ilegalmente de su libertad y trasladadas a una casa de seguridad de la Fiscalía General, además, sufrieron tortura física, sexual y psicológica para durante el trayecto, para que se autoinculparan del feminicidio de una de sus familiares; confirmó la Comisión Estatal de Chiapas.
Derivado de un Recurso de Impugnación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 40/2020 a la Fiscalía General, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Chiapas; así como al ayuntamiento municipal de San Cristóbal de las Casas y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
En este documento, la CNDH reconoció que el 8 de febrero de 2019, dos personas defensoras de derechos humanos presentaron un escrito de queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, en el que denunciaron la detención arbitraria y tortura, cometidas en agravio de tres mujeres indígenas, entre ellas una adolescente, por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado.
También, la Comisión constató que la Fiscalía ejerció violencia institucional y de género por las omisiones detectadas en la investigación de los delitos de feminicidio, secuestro y tortura de una niña; así como la intimidación y amenazas cometidas en contra de las mujeres indígenas, sus familiares, abogadas y defensoras de derechos humanos.
Al considerar que dicha Recomendación no reparaba adecuadamente las violaciones a derechos humanos denunciadas, las víctimas interpusieron un Recurso de Impugnación ante la CNDH.
Luego de analizar el caso, el organismo determinó la existencia de violaciones a derechos de:
- Libertad personal
- Vida privada
- Privacidad domiciliaria
- Seguridad e integridad personal, psíquica y moral
- Dignidad Prohibición de la tortura
- Trato digno
- Libertad de circulación y residencia
- Derecho de las personas a no ser desplazadas forzadamente
- Seguridad jurídica
- Acceso a la justicia y a la verdad
Todos estas en agravio de las tres mujeres indígenas y sus familiares, así como de las defensoras de derechos humanos.
La CNDH determinó que la Recomendación emitida por la Comisión Estatal no fue suficiente, por lo que, con el fin de garantizar la reparación integral del daño, solicitó a las autoridades señaladas realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad institucional, a través de una disculpa pública dirigida a las agraviadas.
También las mujeres serán inscritas en el Registro Estatal de Víctimas y se les otorgará atención médica, psicológica y tanatológica, además de asistencia jurídica.
Del mismo modo, la organización solicitó investigar los delitos de secuestro, detención y retención ilegal, tortura física, psicológica y sexual; e implementar un programa de atención para las personas desplazadas, coadyuvando con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Con información de: infobae.com
