Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La decisión del Gobierno federal de disponer del agua de las presas internacionales La Amistad y Falcón, para pagar su deuda con Estados Unidos, pone en grave riesgo el abasto doméstico de las ciudades fronterizas de Tamaulipas, denunciaron diputados del Partido Acción Nacional (PAN).
“No solamente se deja sin agua al Distrito de Riego 025, el más importante del país, sino que también se pone en peligro el abasto de agua para todas las ciudades de la frontera, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros”, advirtió la legisladora Martha Patricia Palacios Corral.
Por esa razón, presentó, a nombre de su grupo parlamentario, una iniciativa de punto de acuerdo para demandar al Gobierno federal y directamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) implementar medidas que garanticen el agua que requieren las familias tamaulipecas de la zona fronteriza.
“La Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas formula un atento y respetuoso exhorto al titular del Ejecutivo federal, a cumplir su responsabilidad fundamental de restablecer el estado de derecho en la administración de las aguas de la cuenca del río Bravo, en aras de garantizar el abasto del vital líquido para diversas poblaciones ubicadas en la franja fronteriza, que abarca de los municipios de Nuevo Laredo a Matamoros, y se evite que colapse la disponibilidad del recurso del agua para el Distrito de Riego 025 de Tamaulipas”, detalla la propuesta legislativa que deberá ser dictaminada en comisiones.
Los legisladores consideraron que fue ilegal el acuerdo del Gobierno federal de reponer los faltantes en el compromiso internacional con los escasos volúmenes de la reserva para uso doméstico de las ciudades fronterizas de Laredo a Matamoros.
La deuda de agua debió pagarse con el líquido de la presa “La Boquilla” de Chihuahua, pero luego de los enfrentamientos de agricultores con elementos de la Guardia Nacional, el Gobierno federal optó por usar el agua de las presas “La Amistad” y “Falcón”.
La entrega de las aguas internacionales resulta en una flagrante violación al Tratado Internacional de 1944, la restricción unilateral e inequitativa de los derechos de los agricultores del Distrito 025 representa una violación directa al precepto constitucional de distribución equitativa de la riqueza
