El Pleno del Senado abrogó el Estatuto de las Islas Marías, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1939, para llevar a cabo el cierre de operaciones del complejo penitenciario que ahí se ubica, con el fin de que ese archipiélago, localizado en las costas de Nayarit, sea considerado como área natural protegida con carácter de Reserva de la Biósfera.
Durante la sesión de este viernes, desde tribuna, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, señaló que cerrar aquel complejo penitenciario y modificar su estatus a reserva ambiental, tiene como objetivo principal eliminar su tratamiento anacrónico y redistribuir los recursos destinados al cumplimiento de penas para destinarlos a la recuperación de zonas federales de gran importancia ambiental.
“Es bueno terminar una página de mucho dolor y abrir otra para la vida marina, esto luego de albergar a los individuos más peligrosos y a presos políticos”, resaltó.
Recordó que la colonia penal de las Islas Marías se creó mediante un decreto presidencial de Porfirio Díaz, publicado el 12 de mayo de 1905, con el propósito de aislar de la sociedad a los sentenciados más peligrosos del país, por lo cual se le llegó a considerar como al “Tumba del Pacífico”.
Refirió que, en el primero de los artículos transitorios del proyecto de decreto, se establece que una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo Federal tendrá un plazo de 30 días naturales para que concluya la operación y cierre del citado complejo penitenciario a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esta dependencia, señaló, a través del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, realizará el traslado de personas privadas de su libertad a otros centros penitenciarios federales o del fuero común, según corresponda y con pleno observancia de sus derechos humanos.
En tanto, agregó, el personal laboral adscrito a ese complejo penitenciario será incorporado a los distintos Centros Federales de Readaptación Social, o bien, a las áreas de la SSPC, respetando sus derechos laborales y prestaciones conforme a la legislación vigente.
El decreto fue aprobado en lo general y particular, con 93 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones y fue remitido al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.
Con información de: infobae.com
