Chantal Martínez Díaz.-
Cd. Victoria, Tam.-
La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariana Rodríguez Mier y Terán, advirtió que las reformas legislativas están condenadas a ser letra muerta si no se les asignan partidas presupuestales.
En caso de no asignar recursos dijo que existe la amenaza de anular recientes reformas legislativas que tantas expectativas generaron en la población para abatir la impunidad, debido a que no hay recursos para llevarlas a cabo.
La también secretaria de la Comisión de Justicia expuso que no se pueden avalar proyectos sin que sean respaldados por los presupuestos y las corridas financieras correspondientes, pues solo así se puede evitar que se conviertan en letra muerta.
Por ejemplo, dijo, hay reformas determinantes en materia de justicia penal o laboral, donde el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados deben necesariamente contratar personal.
Explicó que, en este caso en específico, van a retomar el trabajo que hacían las juntas de conciliación; se requieren jueces y magistrados especializados; más instalaciones, infraestructura, entre otros y nada de esto se presupuestó.
Así como ocurre con el incremento en el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, del artículo 19 constitucional, que exige más juzgados especializados; espacios en las cárceles, pues las personas en lugar de enfrentar el procedimiento, atendiendo al principio de presunción de inocencia, lo harán en prisión, y el Estado está obligado a respetar sus derechos humanos, apuntó.
“Cariño que no se refleja en la nómina no es cariño, si no se ponen presupuestos atrás de las acciones legislativas aprobadas, aunque digan que van a hacer más con menos, la realidad se impone, el exceso de austeridad le está haciendo mucho daño al país”, dijo.
Rodríguez Mier y Terán refrendó que existe el riesgo de mayor impunidad; que la actualización del marco jurídico se quede lamentablemente en un catálogo de buenos deseos, ya que las personas inculpadas podrán presentar amparos al argumentar que no están cumpliendo con la nueva legislación y la pregunta es: ¿en dónde va a quedar la justicia para las víctimas?, concluyó
