Redacción ED
Aunque relativamente no tendría un alto impacto en la población, los diputados del Congreso local cambiaron ayer de opinión y avanzaron en la creación de un nuevo impuesto, algo a lo que se habían comprometido no hacer desde septiembre pasado.
Así lo plantea una iniciativa de decreto presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), que busca reformar diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, la Ley del Transporte y la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021.
Con ello, a partir de enero los prestatarios del servicio de taxi ejecutivo, a través de las plataformas de Uber, Didi y otras, deberán pagar al Gobierno del Estado el 1.5 por ciento de cada viaje que realicen y un poco más de tres mil pesos anuales, por concepto de una constancia de registro de su vehículo.
La acción legislativa recibida por la Diputación Permanente en su sesión de este martes, y que en los siguientes días será analizada y dictaminada, adiciona el artículo 17 a la Ley de Ingresos del Estado para el 2021, a fin de aplicar un impuesto del 1.5 por ciento, sin incluir el IVA, sobre el cobro de cada uno de los servicios prestados por conductores privados por concepto del Servicio de Transporte Ejecutivo.
Las empresas prestadoras del servicio deberán recaudar el tributo y entregarlo trimestralmente al Gobierno del Estado.
La propuesta se torna polémica porque en la sesión del 21 de septiembre pasado, al calor del análisis del Paquete Fiscal para el 2021, enviado por el Ejecutivo del Estado, tanto el PAN como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) adelantaron que no aprobarían nuevos impuestos.
Incluso fue replicado apenas en la segunda quincena de noviembre pasado, cuando el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca declaró en rueda de prensa que “en el Presupuesto de Egresos 2021 de Tamaulipas no se contempla crear nuevos impuestos o incrementar los existentes, a fin de apoyar la economía familiar, tan lastimada por la crisis económica, y mantenernos competitivos como entidad.”
A las reformas antes mencionadas se suma la iniciativa para modificar, en la fracción XXIII del artículo 73 de la Ley de Hacienda del Estado, en donde se establecerá que los propietarios de vehículos que presten servicio de Uber, Didi y otros, deberán tramitar cada año, una constancia de registro que tendrá un costo de 34 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
En 2020, el valor de la UMA fue de 86.88 pesos, por lo que el costo de la constancia sería de dos mil 953.92 pesos.
Sin embargo, como en 2021 habrá una actualización del valor de la UMA, el costo del documento rebasará los tres mil pesos.
Las empresas estarán obligadas a entregar a la Subsecretaría del Transporte el padrón de vehículos que se utilizan para prestar el servicio de transporte ejecutivo, dependencia estatal que expedirá una constancia por vehículo.
Las empresas que incumplan con estas obligaciones podrían perder el registro para seguir operando en la entidad. Al presentar la iniciativa, el diputado panista Arturo Soto Alemán argumentó que el propósito del impuesto del 1.5 por ciento por cada viaje y la exigencia de una constancia de registro es mejorar la seguridad de los usuarios del servicio de transporte ejecutivo.
Además, los ingresos que obtenga el Estado por esos conceptos, se destinarán a obras de mejoramiento de vialidades y a adquisición
