Alfredo Guevara.-
Cd. Victoria, Tam.-
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha desplegado un “terrorismo fiscalizador” detrás de cada uno de los que aspiran a un cargo de elección popular, para la contienda concurrente del seis de junio, denunció Alejandro Torres Mansur.
El representante jurídico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) apuntó que el INE, a través de la Unidad de Fiscalización, pareciera que más le preocupa que un prospecto rebase el tope de gastos, para imponerle una sanción, que cuidar el tema de salud en tiempos de epidemia de covid-19.
Por ello estableció que así como andan los supervisores del INE cuantificando los gastos que tienen los precandidatos, debería ponderar qué es lo más importante, es decir, si una multa económica a los prospectos, o bien, sancionar a quienes no respetan la capacidad de personas.
Citó que el INE anda detrás de los precandidatos, a quienes les contabiliza el número de sillas, la cantidad de bolsas de agua que entregan en cada reunión, si tienen o no bocinas, e incluso si entregó el prospecto algún tipo de beneficio.
En todo caso, Torres Mansur consideró que tanto el INE como el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) deberían ser vigilantes de los actos que están desarrollando algunos partidos políticos para la promoción de sus prospectos, en los que se rebasa la capacidad permitida.
“Es importante que ponderen tanto uno como otro, si es más importante vigilar que un prospecto no rebase los topes de gastos, o bien, prohibir que se sigan dando ese tipo de reuniones, en las que se supera la capacidad permitirá para evitar mayor contagio de covid-19”, señaló.
Consideró que si el prospecto o el partido es inteligente puede realizar ese tipo de reuniones, superando la capacidad permitida de 200 personas, toda vez que tanto el INE como el Ietam están enfocados en otras tareas, “cuando en todo momento se debe ponderar la salud de las personas”.
Expuso que los supervisores de la Unidad de Fiscalización del INE van a la cuantificación de las cosas y productos, generando un terrorismo fiscalizador, pero desafortunadamente sin facultades para imponer una sanción, a los que no cumplen los protocolos de salud.
