Rogelio Rodríguez Mendoza.-
Cd. Victoria, Tam.-
La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) hizo uso del derecho de réplica, en relación a una nota publicada el pasado nueve de febrero por El Diario de Ciudad Victoria, con el encabezado, “Niega la Fiscalía Información 2020”, firmada por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En la nota se denunció que: “el Fiscal General de Justicia del Estado, Irving Barrios Mojica, ocultó el informe anual de trabajo que entregó el pasado diciembre al Congreso del Estado”, y se añade que: “con fundamento en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el pasado 28 de diciembre del 2020, El Diario de Ciudad Victoria solicitó a la institución de procuración de justicia copia del documento”.
La nota informativa refirió que la Fiscalía obstaculizó el acceso al informe, al hacer uso del derecho de prórroga que le concede la ley, a pesar de que el documento ya estaba elaborado y solo se requería hacer llegar una copia al peticionario. También se denunció que el documento debería estar al alcance del público en su sitio de Internet, y no lo estaba.
Al respecto, a través de un oficio dirigido al Director General del periódico, el director general de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos, Craig López Olguín, quien además es jefe de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía, señala haber actuado con estricto apego a Derecho.
“A efecto de evitar que la información publicada provoque en la opinión pública una falsa percepción de la realidad en el actuar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en materia de “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, se precisa que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé la posibilidad de prorrogar el término para dar respuesta a las solicitudes”.
Y añade: “La Unidad de Transparencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado se ha conducido en estricto apego a Derecho, de acuerdo a la legislación de la materia; por lo que tomando en consideración las circunstancias que prevalecen con motivo de la pandemia por el virus SARS-CoV2, aunado al alto volumen de solicitudes recibidas en el periodo, en sesión de fecha primero de febrero del año en curso, y en ejercicio de la facultad que otorga la normatividad a todo sujeto obligado, determinó prorrogar por única ocasión el término para dar respuesta a la solicitud planteada, ampliando en diez días el plazo de respuesta, lo que en nada vulnera el derecho de acceso a la información del solicitante”.