Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado quedó listo para recibir, desahogar y dictaminar, una eventual declaratoria de procedencia de desafuero del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, que emita la Cámara de Diputados.
Para ello, el Pleno Legislativo aprobó, este martes, una iniciativa presentada por la Junta de Coordinación Política, que contiene las reglas para el ejercicio de la atribución que confiere a la legislatura local, el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal, en relación con el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, y el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley Estatal en esa materia.
La disposición Constitucional citada establece que: “para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, en su caso los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, y los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda”.
De esa manera, la iniciativa aprobada este martes por el Pleno del Congreso del Estado, establece que, una vez que la mesa directiva del Congreso del Estado, o la Junta de Coordinación Política, reciban la notificación relativa a la declaración que emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el sentido de haber considerado procedente proceder penalmente contra los diputados locales, Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia y/o el Gobernador, se procederá a sustanciar el procedimiento de homologación que tiene como objeto determinar la existencia de un hecho Constitutivo de delito federal y la responsabilidad de los sujetos a que se refiere el párrafo quinto del artículo 111 Constitucional.
Dicho procedimiento de homologación tendrá como propósito verificar que la acusación del agente del Ministerio Público tenga fundamentos probados y no sea una simple acusación política que vulnere la soberanía estatal.
De inicio, la Junta de Coordinación Política remitirá el documento de notificación ante el Pleno Legislativo, quien a su vez deberá turnarlo ante la Comisión Instructora para que proceda a desahogar el procedimiento que establece el artículo 111 de la Constitución federal.
Dicho procedimiento de homologación deberá ser adversarial, lo que significa que las partes podrán ofrecer elementos probatorios en su favor.
Luego de escuchar a las partes, la Comisión Instructora emitirá un acuerdo en el que determinará si hay lugar o no a retirar la inmunidad procesal contra el inculpado para proceder penalmente en su contra.
El acuerdo deberá ser llevado ante el Pleno Legislativo para su aprobación.
La resolución no será obstáculo para que el proceso penal siga su curso cuando el inculpado concluya su encargo.
Cabe señalar que, la iniciativa de la Junta de Coordinación Política fue aprobada con dispensa de turno a Comisiones, con el voto en contra de 10 diputados del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
El pasado uno de marzo, la dirección general de asuntos jurídicos de la Cámara de Diputados, notificó al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, que la sección instructora admitió la solicitud para retirarle el fuero constitucional presentada por la Fiscalía General de la República (FGR).
La FGR acusa al mandatario tamaulipeco de los delitos de delincuencia organizada , operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
Al respecto, García Cabeza de Vaca se dijo inocente de los presuntos delitos que se le imputan.
“Todas estas acusaciones serán desmentidas durante los procedimientos», señaló en uno de los párrafos del oficio con que dio respuesta a la Cámara de Diputados.
Estableció su interés de colaborar para aclarar todos y cada uno de los presuntos delitos que se le imputan, además de estar abierto a que se le investigue, para demostrar su inocencia.
