La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue detenida y calificó de ilegal su aprehensión en la madrugada del sábado con base en una demanda de sedición y terrorismo que investiga la Fiscalía en relación con la crisis política de 2019, que precipitó la renuncia del entonces mandatario Evo Morales.
“Ha sido una aprehensión ilegal sin previa citación”, declaró brevemente la política conservadora a la televisora Unitel tras descender del avión que la trasladó desde Trinidad —su ciudad natal en el noreste del país— a La Paz, para ser llevada a una audiencia judicial. Estaba flanqueada por el ministro de Gobierno, Álvaro del Castillo, y por el comandante de la policía, Jhonny Aguilera.
Horas antes, Áñez dijo por Twitter que era víctima de “abuso y persecución”. Otros dos ministros de su gobierno (2019-2019) fueron detenidos el viernes por la tarde, entre ellos el exministro de Justicia Álvaro Coimbra.
“Esto no es persecución, es una demanda que se presentó en diciembre por conspiración y sedición en contra de la senadora Áñez”, afirmó el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo.
La exmandataria de 53 años no será sometida a juicio de responsabilidades en su condición de expresidenta sino por sus acciones como senadora de oposición, alegó el ministro de Justicia, Iván Lima. “Este caso ha sido presentado contra la exsenadora Áñez no contra la expresidenta. Por tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, dijo.
En las siguientes horas, Áñez y otros dos detenidos comparecerán ante un juez que podría otorgarles arresto domiciliario o enviarnos a un penal en forma preventiva mientras avanzan las investigaciones.
El caso ha vuelto a elevar la tensión política en Bolivia. Líderes de oposición han calificado las detenciones de ilegales y han acusado al gobierno del presidente izquierdista Luis Arce de utilizar la justicia para una “persecución judicial”, según han declarado por separado el expresidente Carlos Mesa y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, ambos líderes de la oposición.
Arce, Morales y legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) han calificado de un golpe de Estado lo ocurrido tras elecciones de octubre de 2019, denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA), lo que desencadenó un estallido social que cobró la vida de 36 personas y obligó a Morales a renunciar tras 14 años en el poder. El expresidente buscaba una cuarta reelección en esos comicios fallidos.
Áñez era entonces senadora opositora y estaba habilitada para la sucesión, que se activó tras la renuncia de Morales y su precipitada salida a México. La exmandataria convocó a elecciones en octubre de 2020 y Arce, el heredero político de Morales, obtuvo el 55% de los votos.
“El Poder Judicial es un instrumento de persecución, no es justicia. Buscan descabezar a la oposición instalando una falsa narrativa de golpe de Estado para desvirtuar el fraude”, declaró Mesa, quien calificó las detenciones como una “acción de amedrentamiento” tras la derrota del MAS en los comicios locales y regionales de la semana pasada, cuyo recuento oficial aún no está cerrado.
Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz y líder de las protestas contra Morales, denunció “persecución y amedrentamiento” en una carta a Arce. Camacho también está acusado, pero no ha sido detenido.
Tras haber asumido el gobierno, Áñez también arremetió contra Morales y encarceló a varios de sus ministros bajos acusaciones de terrorismo y sedición por haber alentado las protestas, pero la Fiscalía descartó los cargos supuestamente por falta de pruebas después de que Arce asumiera en noviembre del año pasado.
Durante las protestas las fuerzas de seguridad reprimieron violentamente las protestas a favor de Morales. Un total de 16 personas murieron baleados, lo que también está bajo investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga todas las muertes y aún no se conoce un informe.
Por el supuesto golpe de Estado también son investigados varios jefes militares, entre ellos el excomandante de las Fuerzas Armas William Kalimán y el exjefe de la policía, quienes no fueron hallados en sus domicilios durante los allanamientos del viernes. Otro oficial militar también está procesado y un juez ordenó su detención.
La Fiscalía ordenó la aprehensión de trece personas, entre ellos los exministros de Gobierno y de Defensa de Áñez, quienes huyeron del país.
Desde Washington, el director de Human Rights Watch (HRW) José Miguel Vivanco dijo que “las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido delito de terrorismo, que se presta a arbitrariedades”.
En un informe reciente, HRW criticó al gobierno de Arce y al Poder Legislativo boliviano, dominado por el MAS, por “abrir las puertas a la impunidad por delitos graves” tras aprobar en febrero un decreto de amnistía para los partidarios de Morales que participaron en las protestas.
La organización denunció antes la falta de independencia judicial y la utilización de la justicia con fines de persecución política por parte de varios gobiernos.
Con información de: infobae.com
