La familia de una mujer de 38 años, que falleció por una trombosis y que había recibido la primera dosis de la vacuna anticovid de AstraZeneca, presentó el viernes una denuncia por homicidio involuntario en Toulouse (suroeste de Francia), indicó su abogado a la AFP.
La denuncia fue interpuesta «contra X» –que no identifica a un presunto culpable, ni individuo ni empresa–, un procedimiento permitido en Francia cuando las circunstancias del caso no están todavía claras.
Es una denuncia contra X […] por homicidio involuntario», explicó el abogado, Étienne Boittin. Una calificación que puede «evolucionar en función de los elementos del caso», precisó.
La familia de la fallecida, que era asistenta social, «no está metida en un proceso de reivindicación o de búsqueda de responsabilidades, simplemente quiere explicaciones, aclaraciones sobre lo que ocurrió», agregó.
La mujer se había vacunado a mediados de marzo y no padecía ningún problema de salud en particular, según Boittin.
Su salud se degradó poco después de haberse vacunado y tuvo que ser ingresada en un hospital de Toulouse. Murió en el 29 de marzo por una trombosis cerebral.
El objetivo de esta denuncia es obtener investigaciones complementarias, sobre todo una autopsia en un marco médico-legal, con elementos que nos permitan saber si la vacuna pudo tener un papel causal en el deceso», afirmó el abogado.
El letrado también defiende a la familia de un estudiante de Medicina de Nantes (oeste de Francia), que falleció repentinamente en su casa el 18 de marzo, días después de haberse vacunado con la primera dosis del inmunizante de AstraZeneca. En su caso, la fiscalía de Nantes abrió una investigación preliminar.
La Agencia Francesa de Medicamentos confirmó el 26 de marzo que existe un riesgo «escaso» de trombosis atípica asociada a la vacuna contra el covid-19 de AstraZeneca, tras la detección de nuevos casos en Francia, aunque subrayó que la balanza entre riesgos y beneficios seguía inclinándose a favor del uso del inmunizante.
El uso de esa vacuna había sido suspendido el 15 de marzo por varios países europeos, tras la detección de casos de coágulos sanguíneos, letales en algunos casos.
Francia levantó esa suspensión el 19 de marzo, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que consideró la inyección «segura y eficaz».
